El veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado una ola de indignación en todo el sistema educativo, poniendo en jaque el futuro de las universidades en Argentina. A partir del lunes, las universidades de diversas provincias realizarán asambleas y vigilias para debatir los próximos pasos en el conflicto. La ratificación del veto no solo ha avivado el malestar entre los estudiantes y gremios, sino que también ha impulsado a gobernadores y diputados a involucrarse en la disputa por el presupuesto 2025.
El jueves 17 está programado un paro nacional que incluirá tanto a docentes como no docentes, marcando la segunda gran movilización desde que se anunció el veto. Además, las provincias han comenzado a intensificar su participación en las protestas, con escraches a diputados que apoyaron la medida presidencial. En Salta, por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad declaró personas no gratas a varios legisladores que votaron a favor del veto.
La situación se complica aún más con la postura del Gobierno Nacional, que ha advertido a los rectores que serán responsables de lo que ocurra durante las movilizaciones. Además, declaraciones como las del vocero presidencial, quien calificó las tomas de universidades como un delito, han tensado aún más el ambiente. Ante esto, desde las universidades se han comenzado a organizar reuniones con diputados y senadores para tratar de mejorar el proyecto de presupuesto sin afectar el equilibrio fiscal.
La disputa por el presupuesto 2025 continúa siendo el eje central del conflicto. El Gobierno ha propuesto destinar 3,8 billones de pesos a las universidades, una cifra muy por debajo de los 7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además del presupuesto, el reclamo también incluye mejoras salariales y el reinicio de obras de infraestructura universitaria que han sido suspendidas.
Mientras se esperan las próximas acciones, como la posible gran marcha federal, la tensión continúa creciendo en todo el país.
Autor
