El Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó nuevamente las acciones de la Policía Federal en las afueras del Congreso, desestimando que se tratara de una represión violenta. Francos destacó que el objetivo fue «mantener el orden» ante la protesta que se llevó a cabo contra el veto presidencial a la nueva ley de movilidad.
«Fue necesario dispersar a los manifestantes, pero de ninguna manera se trató de una represión brutal», subrayó Francos en sus declaraciones, al tiempo que criticó a los movimientos sociales que participaron en la manifestación, argumentando que «utilizan a los jubilados como escudo para generar conflictos». También hizo hincapié en que «había muchos jóvenes entre los jubilados», sugiriendo la intervención de sectores políticos que, según él, buscan desestabilizar.
Francos defendió el accionar de las fuerzas de seguridad señalando que «hay un protocolo de seguridad que debe cumplirse» y que el Ministerio de Seguridad es el encargado de aplicarlo en las calles. Desde su visión, los partidos políticos y movimientos sociales involucrados en las protestas tienen como objetivo «perturbar la libertad de las personas en las calles».
En cuanto a lo sucedido dentro del Congreso, Francos explicó que la sesión fue interrumpida debido a una intervención de una diputada de izquierda, quien cuestionó el accionar policial, calificándolo de brutal. Según Francos, esto generó tensiones que llevaron al bloque oficialista a retirarse, lo que derivó en el levantamiento de la sesión.
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