Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos y actual presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizándola por la represión ejercida contra jubilados el 4 de septiembre en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los manifestantes protestaban por el veto de Javier Milei a una ley que buscaba mejorar los haberes jubilatorios.
La denuncia, basada en los delitos de abuso de autoridad y apremios ilegales, apunta a la actuación de las fuerzas federales durante la manifestación, calificando la intervención como violenta y fuera de su jurisdicción. Pietragalla destacó que las protestas están amparadas por la Constitución Nacional, y que el uso de la fuerza para garantizar la circulación vehicular es contrario a las leyes y tratados internacionales que protegen el derecho a la manifestación.
El documento presentado ante la justicia menciona un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resalta el rol fundamental de las protestas en la vida democrática. Según este informe, las protestas no deben ser suprimidas en favor de actividades más rutinarias, como el comercio o el tránsito vehicular. En este contexto, la denuncia acusa a Bullrich de haber dado órdenes ilegales al exceder la competencia de las fuerzas federales, cuya intervención en las calles de Buenos Aires es una tarea que le corresponde exclusivamente a la Policía de la Ciudad.
La demanda también hace hincapié en que los jubilados, como grupo vulnerable, requieren una protección especial por parte del Estado, en línea con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pietragalla solicita que se inicie una investigación penal contra Bullrich y que el Ministerio de Seguridad se abstenga de intervenir en futuras manifestaciones públicas que no pongan en riesgo la seguridad de los edificios nacionales.
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