En una medida que ha sido ampliamente criticada, el Gobierno de Javier Milei ha reducido significativamente el alcance del Programa Acompañar, un programa clave en la asistencia a víctimas de violencia de género. El reciente Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece una reducción drástica en la duración del apoyo económico y añade un nuevo requisito: las víctimas deberán presentar una denuncia policial o judicial para acceder al subsidio.
Hasta ahora, el Programa Acompañar ofrecía asistencia económica durante seis meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil. Con el nuevo decreto, este período se ha reducido a solo tres meses. Además, se ha impuesto la condición de que las víctimas deben realizar una denuncia formal, un cambio que podría poner en peligro a aquellas personas que todavía viven con sus agresores.
El decreto lleva las firmas del presidente Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Este martes, Cúneo Libarona comparecerá ante la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, en respuesta a una invitación de la diputada Mónica Macha para explicar las nuevas políticas de género.
La implementación de estos cambios se produce en un contexto de creciente preocupación. En los primeros meses de 2024, solo 1.919 personas fueron incorporadas al Programa Acompañar, pero ninguna recibió el subsidio. Entre enero y abril, se aprobaron 117.905 solicitudes, pero las beneficiarias aún no han recibido ayuda económica.
Durante la gestión anterior, el Programa Acompañar asistió a 352.385 personas, siendo uno de los principales programas en términos presupuestarios del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En contraste, el actual gobierno ha ejecutado apenas el 32% del presupuesto destinado a políticas de género en el primer semestre de este año, y ha desarticulado el Ministerio, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Justicia.
Expertos en el campo han expresado su preocupación por estos cambios. Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de la organización Shalom Bait, indicó que la nueva exigencia de denuncia puede ser perjudicial, ya que muchas mujeres no están en condiciones de enfrentarse al sistema judicial. Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, señaló que el plazo de tres meses es insuficiente para cumplir con los objetivos del programa, que busca asistir a mujeres en alto riesgo.
La ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ha destacado que la reducción en la duración del subsidio y la nueva exigencia de denuncia judicial llegan en un momento en que la pobreza y el desempleo afectan especialmente a las mujeres. Díaz considera que estas medidas no solo son insuficientes, sino que pueden agravar la situación de las víctimas al no brindarles el tiempo necesario para estabilizarse.
Los recientes cambios en el Programa Acompañar representan un grave retroceso en el apoyo a las víctimas de violencia de género. La reducción en la asistencia económica y la imposición de requisitos adicionales han generado preocupaciones sobre el impacto negativo en la protección y apoyo a estas personas vulnerables.
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