El Gobierno Nacional ha decidido mantener la Red SUBE para los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, lo que ha generado controversia al dejar fuera del subsidio a la provincia de Buenos Aires. Esta decisión ha suscitado críticas sobre la verdadera aplicación del federalismo y la igualdad en el acceso al transporte público en Argentina.
La Red SUBE, vigente únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ofrece descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero, siempre y cuando se realicen dentro de un lapso de dos horas. A pesar de su continuidad en las 103 líneas nacionales y en los trenes, los colectivos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires no recibirán subsidios bajo este programa.
Según la Secretaría de Transporte, la medida busca eliminar «favoritismos» y asegurar una distribución equitativa de los recursos destinados al transporte. La administración argumenta que el objetivo es garantizar que los subsidios no favorezcan a ciertas jurisdicciones sobre otras y que la distribución de los recursos sea justa en todo el país. Sin embargo, esta política ha sido criticada por su impacto en la provincia de Buenos Aires, que no podrá beneficiarse de la Red SUBE.
El comunicado oficial también aseguró que la Tarifa Social, que proporciona un descuento del 55% en los boletos de transporte para más de 5.3 millones de personas, se mantendrá en todo el país. No obstante, la exclusión de la provincia de Buenos Aires del programa de descuentos de la Red SUBE afecta a más de 450 mil bonaerenses que utilizan el transporte público diariamente.
La Secretaría de Transporte ha enfatizado que el subsidio solo se aplicará a los transportes de jurisdicción nacional, argumentando que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede exigir privilegios adicionales. Esta postura se enmarca en una política de no favorecer a ciertas regiones, similar a los sistemas de descuentos que implementan otras localidades como Mendoza y Rosario.
Pese a estas explicaciones, la falta de subsidios para la provincia de Buenos Aires ha suscitado preocupaciones sobre la equidad en el acceso al transporte público y la aplicación efectiva del federalismo. Los críticos sostienen que la medida profundiza las desigualdades y no respeta los principios de igualdad de condiciones prometidos por la administración.
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