Un conjunto de resoluciones ha sido firmado para eliminar los controles sobre sociedades extranjeras y off-shore, llevando a Argentina hacia un estado donde las regulaciones se desvanecen. La Inspección General de Justicia (IGJ) bajo la gestión de Milei ha generado diez resoluciones, disminuyendo el escrutinio y la fiscalización sobre diversas entidades, incluyendo sociedades vehículo y off-shore, eximiéndolas de la necesidad de adherirse a la ley argentina. Si bien el propósito proclamado es atraer inversiones extranjeras y promover el desarrollo económico, la falta de control abre la puerta a entidades que históricamente se han empleado para actividades ilícitas.
El martes pasado, el Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, se reunió con la Cámara Argentino-Británica (Brit-Cham), anunciando la próxima firma de una disposición para eliminar los controles en la inscripción de sociedades extranjeras y vehículos en Argentina. La Resolución General 10/2024, publicada poco después, no solo otorgó este beneficio, sino que también eximió a las empresas off-shore de ajustarse a las leyes argentinas, permitiéndoles registrarse en la IGJ como cualquier otra sociedad. Si bien se justifica como un esfuerzo para atraer inversores y promover el empleo, estas medidas podrían abrir paso a estructuras societarias utilizadas para ocultar actividades ilícitas.
Las resoluciones emitidas hasta la fecha eliminan controles cruciales, dejando a la IGJ sin funciones de fiscalización, su propósito primario. Por ejemplo, se eliminó la obligación de presentar garantías en caso de quiebra o vaciamiento, así como la exigencia de información detallada sobre las asambleas de las empresas. Asimismo, se han relajado restricciones sobre las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), a pesar de su histórico uso en actividades delictivas como evasión fiscal y lavado de dinero.
El Inspector General ha anulado requisitos que anteriormente frenaban el uso de estructuras societarias para la comisión de delitos, incluida la eliminación del régimen de fiscalización para empresas extranjeras y off-shore. Esto podría llevar a la creación de un entorno propicio para el fraude y actividades ilegales, socavando la soberanía económica del país.
Paralelamente, se ha formado una comisión para reformar el Régimen Legal Societario, con miembros de dudoso reconocimiento en el ámbito jurídico. Esta comisión, bajo la influencia de la Jefatura de Gabinete y grandes estudios de abogados, parece dirigirse hacia la habilitación de estructuras societarias propicias para el fraude, sin un debate amplio y transparente.
Argentina enfrenta un riesgo inminente de convertirse en un paraíso fiscal, donde la falta de regulación podría facilitar actividades delictivas y socavar la integridad económica del país.
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