En un contexto económico marcado por la búsqueda de ahorros, el Gobierno argentino se encuentra evaluando medidas que podrían impactar significativamente en las jubilaciones de los ciudadanos. La noticia más reciente indica que el Ministerio de Economía pretende lograr un ahorro del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el gasto previsional, lo que podría traducirse en una reducción considerable de los ingresos de los jubilados.
La situación se vuelve aún más preocupante para aquellos que perciben la jubilación mínima, ya que existe la posibilidad de que el Gobierno suspenda el pago del bono que ha venido otorgando hasta ahora. Según estimaciones, esto podría resultar en una reducción del 34% en la jubilación mínima, llevándola a niveles críticos para los beneficiarios.
La Ley de Movilidad Previsional, que determina los ajustes de los haberes, establece un incremento trimestral basado en un índice compuesto por el aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y la variación de los salarios. Sin embargo, con la caída de la ley ómnibus en el Congreso, el esquema de actualización de los haberes previsionales continuará siendo por la fórmula trimestral jubilatoria que rigió durante el gobierno anterior.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política (CEPA), si se suspende el pago del bono, implicaría una reducción nominal del haber mínimo del 34%, generando un ahorro del 17% en el gasto previsional. La preocupación se centra en la posibilidad de que esta reducción se combine con la fuerte aceleración inflacionaria proyectada para el trimestre, superando el 60%.
La actualización jubilatoria derivada de la ley de movilidad aprobada en 2020, que se aplicaría desde marzo de 2024, representaría un aumento del 29,8%, cifra que queda rezagada frente a la estimada inflación del 60,1% en el mismo periodo. La jubilación mínima, sin bono, quedaría en 137.203,8 pesos, insuficiente para cubrir la canasta básica total.
Esta situación también afectaría a pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados por la Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, cuyos montos sufrirían variaciones en marzo.
El CEPA critica la prolongación del bono hasta febrero congelando su monto en 55.000 pesos, argumentando que debería haber sido mayor para acompañar la variación de precios en enero y febrero. La incertidumbre persiste sobre si el Gobierno decidirá mantener o suspender este bono, considerando que los gastos previsionales representan 0,4 puntos sobre el PBI en el plan fiscal.
Finalmente, el CEPA analizó la caída de la propuesta de reforma de la movilidad en la Ley Ómnibus, señalando que los jubilados no podrían ganarle a la inflación, pero tampoco congelar la jubilación resultaría razonable, ya que no contemplaba la inflación de enero, lo que implicaría una significativa caída de los ingresos reales. La incertidumbre y la preocupación persisten entre los jubilados argentinos ante el futuro de sus ingresos en medio de estos desafíos económicos.
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