En un giro significativo en la política de seguridad, el Gobierno Nacional ha oficializado la autorización para que la Prefectura Naval utilice «todo tipo de armas de fuego» a bordo de sus embarcaciones de patrullaje. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado esta medida en una conferencia de prensa el jueves pasado, y ahora se confirma a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Esta decisión marca el regreso de la controvertida «doctrina Chocobar», presentada por Bullrich cuando formaba parte del Gobierno de Mauricio Macri. La medida tiene como objetivo equiparar las condiciones de patrullaje de la Prefectura con las de los delincuentes, quienes, según la ministra, actualmente tienen una ventaja significativa en las operaciones en los ríos de frontera.
La resolución, que deroga la prohibición sobre el uso de armas letales, destaca que la limitación impuesta en 2019 ha afectado la capacidad de defensa de las fuerzas de seguridad, resultando en situaciones donde los efectivos no han podido repeler adecuadamente agresiones que han costado vidas.
El Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego establece pautas claras sobre el uso de armas por parte de las fuerzas federales de seguridad. Se enfatiza la identificación verbal antes del empleo de armas, excepto en situaciones donde exista un riesgo inminente para la vida. El protocolo también habilita el uso de armas letales en defensa propia, para prevenir delitos graves o cuando otros medios no violentos sean ineficaces.
Esta decisión, que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Prefectura, genera debates sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el uso proporcional de la fuerza por parte de las autoridades.
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