En una decisión que ha generado gran preocupación, el gobierno ha interrumpido la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes al cortar las actividades de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Este programa, creado en 2016 para ayudar a pacientes en condiciones vulnerables, se encuentra cerrado «momentáneamente» mientras el Ministerio de Capital Humano revisa los circuitos administrativos.
La medida, ejecutada por Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, ha dejado en la incertidumbre a numerosos pacientes que dependen de tratamientos de alto costo. Aunque la oficina ha sido reabierta tras acciones sindicales, el futuro de la asistencia y la posibilidad de que la Dirección pase al Ministerio de Salud siguen siendo inciertos.
La suspensión se justifica oficialmente con la necesidad de revisar los circuitos administrativos para garantizar transparencia, igualdad y legalidad. Sin embargo, los pacientes, preocupados por la interrupción de tratamientos esenciales, exigen respuestas claras y la restitución de prestaciones esenciales.
Dentro de este panorama, la presidenta de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, Débora Bosco, destaca la urgencia del problema: «El cáncer es una enfermedad que no puede esperar». La falta de información sobre el futuro de la entrega de medicamentos complica aún más la situación para aquellos que recibían subsidios para financiar sus tratamientos.
Expertos en la materia, como Daniela Hacker, señalan que la Dadse intervenía cuando provincias y el Banco de Drogas Especiales de la Nación rechazaban a los pacientes. La decisión del gobierno, vinculada a irregularidades en las compras de medicamentos de alto costo, ha generado preocupación entre los afectados y organizaciones relacionadas con la salud.
Esta pausa en la asistencia se inscribe en la lógica general del gobierno de reducir el déficit fiscal, lo que pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimentos y a la salud. La decisión ha sido criticada como parte de una política de desfinanciamiento y retirada del Estado en el cuidado de situaciones críticas, afectando directamente a las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, el acceso a la salud para las poblaciones desfavorecidas se ve amenazado, sumándose a otras medidas que afectan el sistema de salud en general. Con aumentos significativos en el precio de medicamentos y cuotas de compañías de medicina privada, la situación se presenta como un desafío urgente que requiere una respuesta clara por parte de las autoridades.
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