MAR DEL PLATA: TENSIÓN Y VIOLENCIA ENTRE PRESTADORES DE SALUD PRIVADOS Y IOMA.

El conflicto entre prestadores de salud privados y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en Mar del Plata llegó a su punto culminante ayer con actos de violencia, después de que tres clínicas privadas dieran de baja su convenio con el IOMA a través de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba). Esto impactó directamente en la atención de aproximadamente cien mil personas en la ciudad.

La sede local del IOMA se vio forzada a cerrar sus puertas y suspender la atención al público debido a las protestas que se desarrollaron ayer. Estas manifestaciones, que incluyeron intentos de ingreso violento al lugar, resultaron en heridas para oficiales de la Policía. Fuentes cercanas informaron que las autoridades del IOMA están en negociaciones avanzadas con las clínicas para resolver el conflicto.

Durante su visita a Santa Clara del Mar ayer, el gobernador Axel Kicillof comentó que «se está avanzando en una negociación con las clínicas con las que hay problemas», según informó La Capital.

Desde el IOMA, repudiaron los actos de violencia y destacaron que los mismos fueron perpetrados por personas ajenas a la obra social, resultando en lesiones para dos oficiales de policía. «Son momentos difíciles por los que estamos atravesando en lo que respecta a la cobertura prestacional en la ciudad», expresaron desde la institución.

En un comunicado, recalcaron su comprensión hacia la urgencia de los problemas de salud y la necesidad de acceso inmediato a tratamientos. Sin embargo, rechazaron enérgicamente la intervención de «oportunistas provenientes de sectores políticos partidarios», alegando que se aprovecharon de una situación compleja y angustiante para los afiliados al IOMA.

Mientras continúan las negociaciones, las autoridades del IOMA aseguraron que los afiliados tienen la posibilidad de recibir tratamiento o atención en otros centros de salud. Aclararon que las delegaciones de IOMA solo tienen funciones administrativas y no manejan convenios, desmintiendo así la intervención política que, según ellos, generó los actos de violencia que impidieron la atención a quienes la necesitan.

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