La iniciativa que crea un régimen permanente para el sistema de discapacidad llega al recinto en la anteúltima sesión del año. El oficialismo impulsa su aprobación con el acompañamiento de la oposición y establece cambios clave en pensiones, empleo formal y financiamiento.
El Senado de la Nación se prepara para una definición clave. Este jueves se llevará a cabo una sesión que tendrá como tema central la aprobación definitiva de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una norma que cuenta con el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas.
La convocatoria es impulsada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien busca convertir en ley el proyecto que ya obtuvo dictamen en comisión con el aval de bloques aliados y del peronismo. La definición de los temas que integrarán el temario de la anteúltima sesión del período ordinario se terminará de cerrar este miércoles a las 15 horas en la reunión de Labor Parlamentaria.
En ese encuentro también se analizará la incorporación de otros expedientes ya aprobados por Diputados, como la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín. Previamente, el martes por la mañana, se reunirá la mesa política del oficialismo para terminar de delinear la estrategia legislativa de las últimas dos semanas, que incluye además el debate por la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Según fuentes parlamentarias, la comisión de reforma electoral discutirá el martes a las 15 la suspensión de las primarias con el objetivo de emitir despacho, mientras que el oficialismo espera que ese mismo día la comisión de Presupuesto firme el dictamen para que pueda tratarse en la sesión del 25 de noviembre.
Bullrich había ratificado la semana pasada su decisión de avanzar pese a que desde el Ejecutivo se había intentado postergar el tratamiento y promover modificaciones para dilatar su entrada en vigencia.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad. Es una normativa indispensable para dar respuesta a un conflicto que se arrastra desde hace años y que demostramos que se puede resolver mediante el diálogo”, había expresado la senadora a través de sus redes sociales, donde remarcó que el país se construye sin dejar a nadie afuera.
La temática cobró mayor visibilidad en los últimos días tras la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina, quien incluyó en su agenda una recorrida por el Cottolengo Don Orione de Claypole, institución emblemática en la atención integral de personas con discapacidad.
Qué establece la nueva normativa
El proyecto busca darle carácter definitivo y permanente al esquema de protección que hoy rige bajo la Ley 27.793, cuyo plazo de emergencia vence en diciembre. De esta manera, se propone que sus disposiciones se conviertan en una ley de orden público y de vigencia continua, más allá de cada gestión de gobierno.
Entre los ejes centrales, la iniciativa permite compatibilizar el cobro de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio— con el acceso a un trabajo registrado o la inscripción como monotributista. La condición es que los ingresos no excedan el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El beneficio está destinado a quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El texto también sostiene el nomenclador único de prestaciones, ratifica la actualización automática de los aranceles de acuerdo a la movilidad jubilatoria vinculada al Índice de Precios al Consumidor y asegura la continuidad de la cobertura médica del programa Incluir Salud para los titulares de la pensión.
En cuanto al financiamiento, dispone que el presupuesto asignado al área de Salud no podrá ser menor, en términos reales, al del ejercicio anterior, lo que busca garantizar previsibilidad.
Otro punto relevante es la creación de un régimen de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, ARCA, el sistema SINTyS y el RENAPER, bajo criterios de debido proceso con perspectiva inclusiva.
Finalmente, a instancias de los bloques aliados, se sumó una cláusula transitoria que contempla un cronograma para saldar las deudas acumuladas con los prestadores del sector y establece un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez sancionada.
Si se aprueba este jueves, la nueva legislación marcará un cambio de paradigma: de un sistema atado a prórrogas de emergencia a un sistema estable y sostenible en el tiempo.