El subsecretario de Integración Socio-Urbana y jefe político de La Libertad Avanza en Buenos Aires quedó en el centro de una denuncia penal por la supuesta maniobra para quedarse con tierras que un privado quería donar al Estado. La acusación alcanza a su mesa chica en Florencio Varela y expone el modelo de construcción territorial libertario.
El hombre que Karina Milei eligió para armar La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense está ahora denunciado por quedarse con tierras. Se trata de Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y principal operador político del oficialismo en la Provincia, señalado en una causa federal por una presunta estafa inmobiliaria de magnitud inédita.
La denuncia fue presentada el 12 de diciembre de 2024 por Héctor Daniel De Olivera, propietario de más de 20.000 lotes ubicados en Florencio Varela, Tandil, Magdalena, San Vicente y otros distritos del conurbano. De Olivera afirma que intentó ceder ese patrimonio al Estado provincial durante las gestiones de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof para cancelar pasivos fiscales y ordenar una situación dominial que arrastra años de usurpaciones. Cansado de las trabas burocráticas, buscó un puente con el nuevo oficialismo.
Ese puente fueron Diego Vallejos, concejal y presidente del bloque libertario en Florencio Varela y coordinador de LLA en la zona sur, y su asesor jurídico e inmobiliario Antonio Insaurralde, presentados como los hombres de Pareja en el territorio. Según la presentación hecha ante la Fiscalía General de Quilmes, ambos le prometieron gestionar la regularización directamente con Pareja en Nación.
Lo que siguió, de acuerdo al denunciante, fue lo contrario a un trámite de donación. Mientras De Olivera esperaba respuestas oficiales, sus parcelas habrían sido ofrecidas a terceros. La causa 5452/2024, que tramita en el Juzgado Federal N°11, incorporó en las últimas semanas audios que comprometen al entorno varelense. En uno de esos registros, atribuido a Insaurralde, se hace alusión a una orden de Pareja de generar fondos a cualquier costo, una frase que se convirtió en el eje de la acusación política.
Para De Olivera, no se trata de un hecho aislado sino de un sistema. En su escrito menciona también a Karina Milei y a Javier Milei, y describe una presunta red integrada por martilleros, escribanos y funcionarios judiciales descentralizados que, según su versión, se encargaría de dotar de apariencia legal a ocupaciones irregulares para luego comercializarlas. El resultado, advierte, no es solo un perjuicio millonario para el titular original, sino la consolidación de una inseguridad jurídica brutal para miles de familias del conurbano que compraron de buena fe y hoy viven bajo amenaza de desalojo.
El caso expone la contradicción más cruda del relato libertario en el conurbano. El mismo espacio que llegó prometiendo barrer con la casta y la intermediación de la política, aparece denunciado por replicar las peores prácticas del punterismo territorial: el uso de la estructura del Estado nacional — en este caso, la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que debería urbanizar barrios populares — como plataforma para hacer negocios con la tierra más pobre.
Pareja no es un dirigente menor. Es el armador designado por Karina Milei, el que define candidaturas, reparte sellos y baja línea en las 135 comunas. Su hombre en Florencio Varela, Vallejos, era la apuesta para disputarle el poder al peronismo local. Que ambos queden vinculados a una investigación por tierras usurpadas en el corazón del conurbano dinamita el discurso de transparencia y pone en crisis la construcción territorial de LLA.
Ante la falta de respuestas, el denunciante escaló la estrategia judicial. Pidió la habilitación de la feria para que la causa no se frene, solicitó que se cite a indagatoria a todos los señalados y que se retengan los pasaportes. Además, envió notificaciones a la Embajada de Estados Unidos y a las autoridades del Congreso Nacional. Hasta ahora, ni Pareja ni su entorno político emitieron desmentida pública.
Mientras el expediente avanza a paso lento, la foto política es contundente: 20.000 lotes en disputa, un empresario que dice haber querido donar y terminó denunciando, y un armador del conurbano que pasó de repartir cargos a tener que dar explicaciones ante la Justicia Federal.
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