La contratación para el mantenimiento de los espacios verdes de las dos residencias oficiales quedó en el centro de una denuncia judicial por presuntas irregularidades y competencia simulada.
Una millonaria contratación destinada al cuidado de los jardines de las principales sedes del poder ejecutivo nacional desató una fuerte polémica política y judicial. Se trata de un contrato por $690 millones para el mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, cuya adjudicación lleva la firma de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El procedimiento, identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, contempla el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de las áreas verdes de ambas residencias oficiales por un plazo de 12 meses con opción a prórroga. Según consta en la investigación, el negocio fue otorgado a la firma Grub S.A., a pesar de que no habría sido la propuesta de menor valor económico.
El punto que encendió las alarmas es la composición de los oferentes. En la compulsa se presentaron dos compañías: La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A. De acuerdo a la denuncia, ambas firmas pertenecerían al mismo grupo empresario vinculado al empresario Franco Castelli, lo que configuraría un escenario de competencia simulada. Esa situación ya había sido advertida en un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
El vínculo empresarial suma otro elemento controversial. El presidente de Grub S.A., Gustavo Vides, se desempeña actualmente como coordinador general de Abastecimiento del Interior en Trenes Argentinos, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, con 16 años ininterrumpidos como funcionario. En su trayectoria previa ocupó un puesto clave en el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, justamente en el área de compras y licitaciones.
La presentación judicial fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González. En su escrito, la legisladora solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Justicia federal ya requirió al Gobierno nacional la entrega inmediata del expediente completo de la licitación para analizar si existió direccionamiento. Mientras la causa avanza, el caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones en el entorno de la Quinta de Olivos y el rol central de la secretaria General de la Presidencia en la administración de los recursos oficiales.
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