La administración de Jorge Macri distribuyó un protocolo que obliga a directivos a reportar ante la Justicia cualquier hecho que pudiera ser delito. UTE y Ademys salieron al cruce y advirtieron que la escuela se convierte en comisaría.
Una fuerte controversia se desató en la comunidad educativa porteña en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Educación de la Ciudad enviara a todas las escuelas secundarias un protocolo de actuación vinculado a la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El documento, que llegó a las familias y equipos de conducción durante el último fin de semana, lleva la firma de la ministra Mercedes Miguel y de Victoria Morales Gorleri, titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. En su texto central, establece que cuando una autoridad institucional tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente.
El escrito aclara que no le corresponde al personal escolar determinar si el hecho es efectivamente un delito ni calificar jurídicamente la situación o la responsabilidad de los involucrados. La tarea docente quedaría limitada a informar y a oficiar de nexo con la Justicia, que luego evaluará el encuadre legal.
La medida se enmarca en la Ley 27.801, que instauró el nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. La norma fue aprobada por el Congreso en febrero de este año, promulgada en marzo y entró en vigencia el 5 de septiembre pasado, fijando la edad de responsabilidad penal a partir de los 14 años. Según el comunicado oficial enviado por la cartera educativa, incluso conflictos entre pares, amenazas, hostigamiento, daños o situaciones en entornos digitales que excedan la convivencia escolar podrían derivar en intervención judicial.
El rechazo gremial no tardó en llegar. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) emitieron un comunicado en el que repudian el protocolo y sostienen que profundiza una lógica de control y vigilancia sobre las adolescencias, en lugar de fortalecer políticas de cuidado y acompañamiento. Alertaron además sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes.
En la misma línea se expresó la Asociación Docente Ademys. Su secretario general adjunto, Federico Puy, denunció que el Ministerio obliga a las directoras a reportar a alumnos que podrían estar cometiendo un delito y consideró que la iniciativa busca transformar a los establecimientos en una antesala de las cárceles y en una puerta de entrada directa al sistema penal.
Para los sindicatos, dejar en manos de la conducción escolar la valoración de qué es o no un supuesto delito vulnera derechos y expone a los estudiantes, ya que hasta un juego, una protesta o un cruce verbal podría ser interpretado como un hecho punible.
El conflicto se suma a otro frente abierto días atrás, cuando el Ejecutivo porteño impulsó un pedido de juicio político contra la magistrada que había suspendido la aplicación del régimen juvenil en el distrito, en una clara muestra de alineamiento con la política de baja de imputabilidad promovida a nivel nacional.
Mientras el Gobierno porteño defiende la necesidad de dar una respuesta integral del Estado ante hechos de violencia, los gremios exigen que se garanticen equipos de orientación, formación docente y recursos para abordar los conflictos sin judicializar la vida escolar.
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