El secretario de Planificación Operativa de La Matanza, entrevistado por Pedro Artaza, defendió la postura de la jueza Marta Pascual y advirtió que reducir la edad de imputabilidad sin garantizar infraestructura, profesionales y comunidades terapéuticas puede agravar la violencia juvenil. El dirigente apuntó contra las políticas de mano dura y reclamó atacar las causas estructurales del delito.
La mano dura sin recursos: Miguel Saredi advirtió que bajar la edad de imputabilidad no resuelve la violencia juvenil
Entrevista realizada por Pedro Artaza
La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a quedar en el centro de la agenda política y social, pero esta vez con una mirada crítica sobre las condiciones concretas del sistema de minoridad. En una entrevista realizada por el periodista Pedro Artaza, Miguel Saredi, secretario de Planificación Operativa del municipio de La Matanza, cuestionó las políticas de endurecimiento penal que no contemplan la infraestructura ni los recursos necesarios para atender a niños y adolescentes involucrados en situaciones de delito.
Durante el reportaje, Saredi defendió la actuación de la jueza Marta Pascual, a quien presentó como una especialista de larga trayectoria en el sistema de minoridad argentino, y sostuvo que el debate no puede reducirse a una consigna punitiva. Según su planteo, el Estado debe intervenir frente al delito, pero también tiene la responsabilidad de impedir que los jóvenes terminen atrapados en circuitos de violencia, adicciones y exclusión social.
Miguel Saredi: “La jueza Marta Pascual sabe mucho: para que haya seguridad – en serio- hay que atacar las causas estructurales del delito”
Una jueza cuestionada por frenar la aplicación de una medida
La conversación comenzó a partir de una resolución judicial atribuida a Marta Pascual, que habría dispuesto la suspensión durante 60 días de la aplicación de una medida vinculada con el régimen penal juvenil. El entrevistado consideró que esa decisión generó una reacción política y mediática desproporcionada.
Saredi destacó su conocimiento de la magistrada desde su paso por la función pública provincial y afirmó que se trata de una profesional con una trayectoria relevante en materia de minoridad. En ese sentido, cuestionó que desde las redes sociales se emitan descalificaciones sin conocer su experiencia ni el contenido de su planteo.
Para el funcionario matancero, el eje de la discusión no consiste en liberar a quienes cometen delitos, sino en determinar qué respuesta estatal resulta adecuada para evitar que los adolescentes reincidan y profundicen su vinculación con el delito.
La falta de recursos: el problema que la política punitiva no resuelve
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la falta de infraestructura y dispositivos especializados para implementar una política penal juvenil efectiva. Saredi sostuvo que cualquier modificación legislativa requiere una inversión estatal concreta en instituciones, profesionales y espacios de tratamiento.
El dirigente apuntó especialmente contra la ausencia de comunidades terapéuticas abiertas y cerradas destinadas a adolescentes con problemas de consumo de drogas. Según su exposición, muchos jóvenes que atraviesan procesos penales presentan adicciones que requieren atención especializada, y el sistema judicial necesita contar con lugares adecuados para abordar esas situaciones.
La crítica apunta a una contradicción de fondo: se pretende ampliar o endurecer la respuesta penal, pero no se garantizan las herramientas necesarias para que esa intervención tenga un resultado positivo. En esas condiciones, la cárcel o el encierro pueden convertirse en una instancia de mayor deterioro, en lugar de constituir una oportunidad de tratamiento, educación y reinserción social.
“No estamos diciendo que ese chico esté libre”, sostuvo Saredi durante la entrevista, al explicar que su posición no implica ausencia de sanción, sino la necesidad de una respuesta acorde con la edad, la situación y las necesidades del adolescente.
Críticas al Gobierno y al desfinanciamiento de las políticas sociales
El funcionario de La Matanza también formuló cuestionamientos políticos al rol del Estado nacional. En particular, señaló la falta de recursos destinados a la prevención de las adicciones y a los programas de atención de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Saredi planteó que la ausencia de inversión pública no es un aspecto secundario, sino una de las principales dificultades para aplicar cualquier reforma penal juvenil. Una ley puede establecer nuevas edades, sanciones y procedimientos, pero sin establecimientos adecuados, equipos interdisciplinarios y profesionales especializados, su implementación queda seriamente condicionada.
Desde esa perspectiva, el discurso de endurecimiento penal aparece como una respuesta política que puede generar impacto en la opinión pública, pero que no necesariamente ofrece soluciones sostenibles a los problemas de seguridad.
El riesgo de que el sistema penal agrave la violencia
Durante el diálogo con Pedro Artaza, Saredi advirtió sobre las consecuencias que podría generar el ingreso de adolescentes a instituciones penales sin programas de tratamiento y reinserción eficaces.
Su planteo fue que un joven que ingresa al sistema por un delito puede salir con mayores niveles de violencia, más vínculos con organizaciones delictivas y un deterioro aún más profundo de sus condiciones de vida. En ese sentido, cuestionó que el encierro sea presentado como una solución automática frente a la inseguridad.
El funcionario insistió en que la respuesta debe contemplar la prevención, el tratamiento de las adicciones, el acompañamiento familiar y las condiciones sociales que rodean a los adolescentes. No se trata, según explicó, de justificar los delitos, sino de evitar que el sistema estatal termine profundizando el problema que pretende resolver.
La demagogia punitiva y el uso político de la inseguridad
Uno de los aspectos más críticos de la entrevista fue el señalamiento hacia los discursos que apelan a la indignación social para promover respuestas exclusivamente represivas.
Saredi reconoció que una víctima de un delito puede experimentar sentimientos de bronca, dolor y deseo de revancha. Sin embargo, sostuvo que las políticas públicas no pueden construirse a partir de los impulsos más inmediatos de la sociedad, sino que deben orientarse a prevenir nuevos delitos y proteger a la comunidad.
En ese marco, cuestionó el enfoque de mano dura asociado a la ministra Patricia Bullrich y lo describió como una propuesta que prioriza el castigo por encima de la construcción de un sistema integral de atención juvenil.
La crítica política se apoya en una pregunta concreta: ¿qué herramientas se les ofrecen a los adolescentes una vez que ingresan al sistema penal? Si no existen comunidades terapéuticas, instituciones de formación, equipos médicos y programas de reinserción, el endurecimiento de las penas corre el riesgo de convertirse en una política de encierro sin resultados duraderos.
El ejemplo de los países centrales: leyes con inversión estatal
Para reforzar su argumento, Saredi mencionó el caso de países como Estados Unidos e Inglaterra, donde existen debates sobre la edad de imputabilidad y la responsabilidad penal de los menores.
El funcionario sostuvo que las reformas en esos países se acompañan de recursos para las áreas de minoridad, incluyendo profesionales especializados, médicos psiquiatras, instituciones y dispositivos de atención. La referencia buscó remarcar que el debate no puede centrarse únicamente en la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado, sino también en las condiciones materiales que permiten aplicar la ley.
Durante el reportaje, Pedro Artaza mencionó la serie Adolescencia, disponible en Netflix, como ejemplo de una producción audiovisual que aborda la problemática de la violencia juvenil y el tratamiento de los menores en el sistema penal británico.
Saredi utilizó esa referencia para insistir en la necesidad de discutir con seriedad la inversión pública. La comparación, según su enfoque, demuestra que no alcanza con importar modelos de endurecimiento penal sin contemplar los sistemas de salud, justicia y protección social que los acompañan.
Las causas estructurales del delito juvenil
El secretario de Planificación Operativa de La Matanza ubicó el problema en un escenario más amplio, atravesado por la pobreza, la marginalidad, las adicciones y la desintegración de los vínculos familiares.
Su diagnóstico es que los delitos cometidos por adolescentes no pueden analizarse de manera aislada de las condiciones sociales en las que se desarrollan sus vidas. La falta de oportunidades, la ausencia de acompañamiento y el consumo problemático pueden contribuir a que determinados jóvenes ingresen en circuitos delictivos de los que luego resulta difícil salir.
En ese sentido, Saredi sostuvo que las políticas de seguridad deben complementarse con acciones de prevención y asistencia. Para el dirigente, la discusión sobre la minoridad no puede quedar limitada a la cárcel o la sanción, sino que debe incorporar las herramientas necesarias para interrumpir las trayectorias de violencia.
Una discusión que atraviesa a La Matanza y al conurbano bonaerense
La entrevista también puso de relieve la particular sensibilidad de La Matanza frente a los problemas de seguridad. El municipio forma parte de un territorio donde los delitos cometidos por jóvenes, los robos y las situaciones de violencia generan preocupación cotidiana entre los vecinos.
En el cierre del reportaje, Pedro Artaza se refirió a los episodios protagonizados por jóvenes que realizan asaltos contra mujeres, familias y adultos mayores, y señaló que muchas veces esas acciones terminan con consecuencias graves para las propias personas involucradas.
La observación permitió retomar el planteo de Saredi: el desafío consiste en cortar los circuitos delictivos antes de que se profundicen. Para ello, resulta necesario contar con políticas de prevención, instituciones adecuadas y una estrategia estatal que no abandone a los adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El debate que el Estado todavía no resuelve
La entrevista a Miguel Saredi dejó planteada una discusión que excede las consignas partidarias: la seguridad requiere respuestas firmes, pero también políticas públicas capaces de producir resultados.
La falta de recursos para el sistema de minoridad, la ausencia de comunidades terapéuticas suficientes y el debilitamiento de los programas de prevención aparecen como obstáculos para cualquier reforma que pretenda reducir la violencia juvenil.
El funcionario insistió en que su postura no es favorable a la delincuencia. Por el contrario, defendió la necesidad de que quienes cometen delitos reciban una respuesta judicial adecuada, con instituciones capaces de proteger a la sociedad y evitar que los adolescentes reincidan.
El eje de su crítica es que una política penal sin inversión, sin tratamiento y sin infraestructura puede terminar agravando la inseguridad en lugar de resolverla. Y que, detrás de las promesas de mano dura, existe una deuda estatal que sigue sin respuesta: construir un sistema de minoridad que sancione cuando corresponda, pero que también pueda recuperar a los jóvenes antes de que la violencia se convierta en su única forma de vida.
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