La Ley 27.801 entrará en vigencia el próximo sábado y establece un régimen diferenciado para adolescentes de 14 a 17 años. En Salta, la Defensoría Penal Juvenil aseguró que la provincia está preparada y destacó el rol de jueces, fiscales y defensores especializados.
A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, prevista para el 5 de septiembre, en Salta comenzaron a difundirse precisiones sobre cómo funcionará el sistema que alcanzará a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 que sean imputados por delitos.
La Ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero y publicada en el Boletín Oficial en marzo, establece un régimen penal específico para esa franja etaria y reemplaza el marco establecido por la Ley 22.278. La normativa contempla que las causas sean tramitadas bajo reglas diferenciadas de las aplicables a las personas adultas.
En Salta, desde la Defensoría Penal Juvenil señalaron que la provincia se encuentra preparada para afrontar la puesta en marcha del nuevo esquema. Las defensoras Mariana Onetto, Vanesa Argüello y Marta Vigueras Dellmans explicaron los principales alcances de la reforma y remarcaron que la aplicación estará a cargo de operadores judiciales especializados.
No habrá una única respuesta frente al delito
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que la intervención judicial deberá contemplar las características de cada caso. La respuesta no será necesariamente una pena de prisión, sino que dependerá de factores como la gravedad del hecho, las circunstancias en las que ocurrió y la situación particular del adolescente.
Entre las medidas que pueden aplicarse aparecen tareas comunitarias, prohibiciones específicas y acciones destinadas a reparar el daño ocasionado. La legislación también establece medidas orientadas a la educación, la formación, el trabajo y la resocialización del adolescente.
Para los hechos de mayor gravedad está contemplada la posibilidad de imponer una pena privativa de la libertad. Sin embargo, la nueva ley fija un máximo de 15 años de prisión para las personas adolescentes y prohíbe expresamente las penas de prisión o reclusión perpetua.
Defensa especializada desde el comienzo
Otro de los aspectos destacados por la Defensoría Penal Juvenil es la garantía de defensa desde el inicio del proceso. Cada adolescente sometido a una investigación deberá contar con asistencia jurídica.
Cuando la familia no pueda contratar un abogado particular, será el Estado el encargado de garantizar la intervención de un defensor público especializado en materia penal juvenil. De esta manera, el nuevo esquema busca que las investigaciones y procesos se desarrollen con operadores preparados específicamente para intervenir en causas que involucren a adolescentes.
La ley establece además que los procesos penales juveniles deberán respetar los principios, derechos y garantías correspondientes al sistema procesal acusatorio, al tiempo que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.
Salta prepara la implementación
La situación de Salta se inscribe en un proceso que también se desarrolla en otras jurisdicciones del país. Distintas provincias avanzaron durante los últimos meses con protocolos, capacitaciones y mecanismos de coordinación para adaptar sus estructuras judiciales a la nueva legislación. Entre ellas, Entre Ríos aprobó recientemente un protocolo específico para la actuación de fiscales en materia penal juvenil.
En Salta, la Defensoría puso el foco especialmente en la necesidad de que el nuevo régimen no sea entendido como una réplica del sistema penal de adultos, sino como un mecanismo específico para adolescentes, con intervención especializada y respuestas que tengan en cuenta tanto la responsabilidad por el hecho como las condiciones particulares de cada persona.
La entrada en vigencia del nuevo régimen marcará así un cambio relevante en el tratamiento judicial de los delitos atribuidos a adolescentes de entre 14 y 17 años, con una estructura diferenciada, nuevas alternativas de intervención y un límite máximo de 15 años para las penas de prisión.
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