La denuncia fue presentada por integrantes del Centro Universitario Ezeiza (CUE). La Justicia investiga presuntas cámaras y micrófonos en aulas, además de situaciones de malos tratos y posibles hechos de antisemitismo.
Integrantes del Centro Universitario Ezeiza (CUE), que funciona en los complejos penitenciarios federales de Ezeiza a través del Programa UBA XXII, denunciaron presuntos hechos de espionaje, malos tratos y discriminación dentro de las cárceles.
Según los denunciantes, algunos docentes habrían descubierto que eran filmados y escuchados mientras dictaban clases. También señalaron la posible presencia de cámaras y micrófonos dentro de las aulas.
La denuncia quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena. La causa fue encuadrada inicialmente como una posible situación de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Como parte de la investigación, el magistrado solicitó los registros de las cámaras de seguridad de distintos sectores del complejo penitenciario.
También denunciaron antisemitismo
Los integrantes del CUE también plantearon situaciones que consideran discriminatorias contra estudiantes de la comunidad judía.
Entre los hechos denunciados mencionaron el caso del rabino Shaúl Bonino, quien habría sido retirado de la sede universitaria, además de presuntos malos tratos y requisas a estudiantes judíos.
Los denunciantes solicitaron que estos hechos sean investigados y que intervengan las autoridades correspondientes de la Universidad de Buenos Aires y otros organismos vinculados con la comunidad judía.
El conflicto en las cárceles federales
La denuncia se produce en un contexto de tensión por las restricciones a la organización estudiantil dentro de las cárceles federales. En 2025, la Resolución 372/2025 estableció limitaciones para el funcionamiento de centros de estudiantes en establecimientos penitenciarios.
El Programa UBA XXII desarrolla actividades educativas en cárceles federales desde 1985 y permite que personas privadas de su libertad puedan realizar estudios universitarios.
Ahora, la Justicia deberá determinar si efectivamente existieron dispositivos de vigilancia dentro de las aulas, quién los instaló y si hubo responsabilidades por los hechos denunciados.
Mientras avanza la investigación, desde el CUE reclaman que se garantice el normal desarrollo de las actividades educativas y el respeto de los derechos de docentes y estudiantes.
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