La medida alcanza a las comunidades religiosas, establecimientos educativos, movimientos y demás espacios vinculados con la Diócesis en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. La normativa establece pautas de prevención, recepción de denuncias y actuación ante posibles situaciones de abuso contra menores y adultos vulnerables.
La Diócesis de Quilmes puso el foco en el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección frente a posibles situaciones de abuso sexual dentro de sus ámbitos institucionales, mediante la aplicación de un protocolo de actuación que establece responsabilidades concretas para quienes desarrollan actividades pastorales, educativas o de voluntariado.
La jurisdicción eclesiástica comprende los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y la disposición alcanza a los distintos espacios que dependen de ella, entre ellos parroquias, colegios, movimientos y otras instituciones vinculadas con la actividad diocesana.
Según la información oficial publicada por la propia Diócesis, el objetivo es establecer mecanismos claros para recibir, encaminar y abordar denuncias o sospechas de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables dentro de instituciones eclesiales. El esquema también contempla situaciones en las que se detecte un incumplimiento de las medidas preventivas.
Un mecanismo para prevenir y actuar ante denuncias
La normativa no se limita a quienes ejercen funciones sacerdotales. La Diócesis señala que las disposiciones abarcan a las personas que trabajan, colaboran o realizan actividades de voluntariado con menores o adultos vulnerables en ámbitos eclesiales.
En ese sentido, quienes tengan conocimiento directo o indirecto de una situación que pueda constituir un abuso, o adviertan una vulneración de las normas de prevención, tienen la responsabilidad de comunicarla a través de los canales establecidos.
La Diócesis considera que la falta de aplicación del protocolo constituye una infracción grave. De esta manera, la responsabilidad de prevenir no queda exclusivamente concentrada en las autoridades religiosas, sino que involucra a quienes participan de las diferentes actividades institucionales.
El sistema contempla además la existencia de un Equipo Diocesano para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, destinado a intervenir en materia de prevención, recepción de denuncias y acompañamiento.
Actualmente, la Diócesis identifica a la médica de familia Fernanda Blanco como delegada de ese equipo. La institución sostiene que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad requiere capacitación, mecanismos de actuación y canales de comunicación accesibles.
Cooperación con la Justicia
Otro de los aspectos centrales de la normativa es la relación entre los procedimientos internos de la Iglesia y el sistema judicial argentino.
La Diócesis establece que sus mecanismos deben funcionar respetando la autonomía de los sistemas jurídico estatal y canónico. Al mismo tiempo, manifiesta su disposición a colaborar con las autoridades provinciales y nacionales y a favorecer la comunicación con el Ministerio Público Fiscal cuando corresponda.
La definición cobra particular relevancia luego de distintas situaciones que involucraron a integrantes del clero de la jurisdicción y que derivaron en investigaciones judiciales.
El antecedente del caso Franco Lütens
Uno de los episodios más recientes y de mayor repercusión fue el caso del sacerdote Franco Lütens, quien fue detenido en junio de 2025 por orden del Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en Berazategui, en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales.
De acuerdo con la información difundida entonces por la Diócesis, el sacerdote había sido apartado de su función parroquial y de todas las actividades pastorales en junio de 2024, luego de que el Obispado tomara conocimiento del inicio de una causa penal. Posteriormente se inició también una investigación dentro del ámbito eclesial.
Tras la detención, el obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, expresó su disposición a colaborar con la Justicia y puso nuevamente a disposición el Equipo Diocesano para acompañar a las personas afectadas y sus familias.
El antecedente contribuyó a colocar nuevamente en primer plano la necesidad de contar con procedimientos definidos para prevenir situaciones de abuso, recibir denuncias y determinar cómo debe actuar cada integrante de una comunidad religiosa ante una sospecha.
Una política que también alcanza al ámbito educativo
La estructura de la Diócesis incluye una Vicaría de Educación que coordina distintos aspectos vinculados con las instituciones educativas bajo su jurisdicción. El organismo cuenta con áreas específicas de planeamiento, pastoral educativa, administración y asesoramiento legal.
La incorporación de mecanismos de prevención resulta particularmente relevante en espacios donde existe contacto cotidiano con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto en establecimientos educativos como en actividades pastorales, catequesis y otras propuestas comunitarias.
La Diócesis sostiene que la prevención debe involucrar a toda la comunidad y no solamente a las autoridades. En su presentación institucional sobre protección de menores y adultos vulnerables destaca la necesidad de generar herramientas de formación, protocolos y mecanismos de comunicación para actuar frente a posibles delitos.
El protocolo aparece identificado entre las disposiciones diocesanas de 2026
La documentación institucional de la Diócesis correspondiente a 2026 incluye la referencia a una Circular N.º 01/2026 y un Protocolo N.º 01/2026, incorporados en su calendario diocesano.
La decisión apunta a consolidar una política institucional de protección que permita establecer criterios comunes en las distintas comunidades que forman parte de la jurisdicción eclesiástica.
En ese marco, la obligación de comunicar posibles situaciones de abuso, la existencia de un equipo especializado y la articulación con las autoridades judiciales conforman los principales pilares del mecanismo.
La Diócesis de Quilmes busca así reforzar una política de prevención, detección y actuación frente a situaciones que puedan afectar a menores y adultos vulnerables, con la premisa de que cualquier integrante de sus comunidades que conozca o sospeche de un hecho debe recurrir a los canales correspondientes y activar los mecanismos previstos.
Canal oficial de protección: la Diócesis informa que el Equipo para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables recibe consultas y denuncias a través del correo promenoresdiocesisquilmes@gmail.com y del teléfono (011) 15 3000-5817.
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