La iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado propone modificar herramientas vinculadas con la recuperación de inmuebles y los procesos de desalojo. El Gobierno la presenta como una medida de seguridad jurídica, mientras organizaciones vinculadas al acceso a la vivienda alertan por el impacto social de los cambios.
La aprobación en el Senado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una nueva discusión sobre las reglas que rigen la vivienda en Argentina. Con 37 votos a favor y 33 en contra, la Cámara Alta dio media sanción a una iniciativa que busca fortalecer la protección de los propietarios y agilizar determinados procedimientos judiciales.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, atravesó un extenso proceso de negociación política antes de llegar al recinto. La versión finalmente aprobada no es idéntica a la propuesta que había comenzado a discutirse meses atrás: dos capítulos fueron retirados para conseguir respaldo suficiente entre los senadores.
Uno de los aspectos que permanece dentro del debate es el tratamiento de los inmuebles ocupados y las herramientas disponibles para recuperar su posesión. La iniciativa pretende reducir los tiempos de los procesos y establecer mecanismos más ágiles para determinados casos.
El conflicto entre rapidez y garantías
En el sistema actual, un propietario que enfrenta una situación de falta de pago no puede simplemente recuperar por su cuenta el inmueble. Existen pasos previos y mecanismos judiciales que deben respetarse.
En los alquileres destinados a vivienda, el Código Civil y Comercial contempla una intimación previa al inquilino cuando se reclama el pago de alquileres adeudados. El plazo mínimo establecido para esa intimación es de diez días corridos desde su recepción, antes de avanzar con la acción judicial correspondiente.
La propuesta legislativa apunta a modificar los procedimientos posteriores y favorecer resoluciones más rápidas. Durante las negociaciones parlamentarias se llegó a plantear un esquema que permitiría concretar determinados desalojos en plazos considerablemente menores a los habituales.
Ese punto generó una fuerte división.
Para los sectores que respaldan la reforma, los procesos extensos pueden convertirse en un problema tanto para el propietario como para el funcionamiento del mercado inmobiliario. La demora para recuperar una vivienda ocupada o un inmueble cuyo contrato terminó puede representar meses de costos y dificultades para disponer del bien.
Del otro lado, las organizaciones de inquilinos sostienen que la rapidez procesal no debería traducirse en una reducción de las posibilidades de defensa. En su análisis del proyecto, Inquilinos Agrupados señaló diferencias importantes entre la propuesta argentina y los mecanismos de protección existentes en otros países de la región.
El impacto sobre quienes alquilan
La discusión cobra una dimensión mayor en un país donde una parte importante de la población no cuenta con vivienda propia y depende del mercado de alquiler.
La modificación de las reglas puede producir efectos que excedan el vínculo individual entre propietario e inquilino. Un cambio en los mecanismos de desalojo también puede repercutir sobre la decisión de los propietarios de ofrecer inmuebles en alquiler, las condiciones exigidas para acceder a una vivienda y la capacidad de negociación de las familias.
El proyecto, además, se vincula con otras modificaciones que fueron objeto de debate durante el tratamiento parlamentario. Las comisiones del Senado analizaron cambios al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a normas relacionadas con barrios populares, desalojos y tierras rurales.
Barrios populares, otro foco de preocupación
Uno de los sectores que siguió con atención el debate fue el de las organizaciones dedicadas al hábitat y la integración sociourbana.
El CELS advirtió que el proyecto podía afectar las políticas de protección de barrios populares y facilitar procesos de desalojo de inmuebles destinados a vivienda familiar. También cuestionó modificaciones que, según su análisis, reducirían la intervención estatal en materia habitacional y de planificación urbana.
La cuestión resulta especialmente sensible porque el problema habitacional no se reduce a quienes tienen un contrato de alquiler vigente. También involucra a familias que viven en asentamientos, barrios populares o inmuebles cuya situación dominial todavía no fue regularizada.
En ese contexto, el debate legislativo enfrenta dos concepciones diferentes: una que coloca el derecho de propiedad como eje para garantizar seguridad jurídica y otra que reclama que cualquier reforma preserve mecanismos de protección para quienes se encuentran en una situación habitacional vulnerable.
La discusión continuará en Diputados
La media sanción obtenida en el Senado constituye un avance para el oficialismo, pero todavía no representa la aprobación definitiva de la iniciativa. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.
La votación en la Cámara Alta estuvo precedida por semanas de negociaciones y modificaciones. El oficialismo finalmente aceptó retirar del texto los capítulos relacionados con la venta de tierras a extranjeros y con determinados cambios al régimen de uso de tierras afectadas por incendios.
La discusión sobre los desalojos, sin embargo, permanece dentro del proyecto.
Así, el Congreso deberá volver a debatir una cuestión que afecta directamente a propietarios, inquilinos y familias que buscan acceder a una vivienda: cómo garantizar el derecho a la propiedad sin convertir la rapidez de los procedimientos en una pérdida de garantías para quienes atraviesan conflictos habitacionales.
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