La administración de Javier Milei resolvió excluir del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el apartado que modificaba la Ley de Tierras. La decisión llegó luego de intensas negociaciones políticas y ante la falta de consenso para aprobar la iniciativa en la Cámara alta.
El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada al retirar el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras. La medida fue adoptada luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para lograr su aprobación en el Senado y con el objetivo de evitar una nueva derrota legislativa.
La propuesta impulsaba cambios sobre la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Ese apartado había generado un fuerte debate político, además de cuestionamientos por parte de distintos sectores sociales, organizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales y referentes de la oposición, quienes advertían sobre el impacto que una flexibilización de las restricciones podría tener en materia de soberanía territorial.
La decisión fue el resultado de negociaciones encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bloques dialoguistas del Senado. Durante las conversaciones quedó en evidencia que el oficialismo no lograba reunir el respaldo necesario para mantener ese capítulo dentro del proyecto, por lo que finalmente resolvió retirarlo para facilitar el tratamiento del resto de la iniciativa.
En el proceso también tuvo un papel relevante la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya intervención fue considerada determinante en la definición política que terminó dejando sin efecto la reforma de la Ley de Tierras, según trascendió durante las negociaciones parlamentarias.
La Ley de Tierras, vigente desde 2011, establece límites a la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre otras disposiciones, fija un tope nacional y restricciones para la adquisición de superficies consideradas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas con recursos naturales, zonas de frontera y áreas de valor ambiental.
Desde el Poder Ejecutivo sostenían que una flexibilización de esas limitaciones podría incentivar la llegada de inversiones extranjeras destinadas al desarrollo agropecuario, forestal y de infraestructura. Sin embargo, los sectores críticos consideraban que eliminar o reducir esos controles implicaría riesgos para el control nacional sobre recursos estratégicos y territorios sensibles.
Con la eliminación de ese capítulo, la sesión prevista para este jueves continuará con el tratamiento del resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye otros aspectos relacionados con la protección de la propiedad privada y modificaciones a distintos procedimientos judiciales. La exclusión del debate sobre tierras representa, al mismo tiempo, un revés para la estrategia parlamentaria del Gobierno de Javier Milei, que debió reformular la iniciativa para intentar asegurar el avance del resto del articulado.
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