La administración nacional volvió a modificar la iniciativa sobre la compra de tierras por parte de extranjeros en medio de una compleja negociación parlamentaria. El nuevo texto flexibiliza algunos puntos de la normativa vigente con el objetivo de atraer el respaldo de bloques dialoguistas, aunque el quórum y los votos continúan en duda.
El oficialismo decidió introducir una nueva serie de cambios al proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales en un intento por destrabar su tratamiento en el Senado. A pocas horas de una sesión clave, el Gobierno volvió a modificar la propuesta con el objetivo de seducir a sectores aliados y reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las iniciativas que considera prioritarias dentro de su agenda legislativa.
La principal modificación consiste en elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que podrán estar en manos de propietarios extranjeros dentro de cada provincia. Al mismo tiempo, el nuevo texto elimina los topes establecidos por departamento, uno de los aspectos que había despertado mayores cuestionamientos durante las negociaciones parlamentarias. Estas modificaciones representan un cambio respecto de las versiones anteriores, que planteaban una desregulación mucho más amplia.
Los retoques fueron interpretados en el ámbito político como un intento del oficialismo de «maquillar» la iniciativa para hacerla más aceptable entre los bloques dialoguistas sin resignar el objetivo de flexibilizar el régimen vigente sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
El debate se desarrolla en un escenario de fuerte incertidumbre. Hasta último momento persistían las dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario para habilitar la sesión y, posteriormente, alcanzar la mayoría requerida para aprobar el proyecto. En ese contexto, las conversaciones entre el Gobierno y distintos espacios provinciales e independientes se intensificaron durante las últimas horas.
La legislación actualmente vigente, sancionada en 2011 mediante la Ley 26.737, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales tanto a nivel nacional como provincial y departamental. También fija restricciones adicionales para evitar una excesiva concentración de superficies en manos de un mismo propietario extranjero. Según datos oficiales, actualmente ninguna provincia supera ese límite del 15%, aunque existen departamentos donde ese porcentaje ya fue excedido.
Desde el Gobierno sostienen que la flexibilización de estas restricciones podría favorecer el ingreso de inversiones y dinamizar sectores productivos vinculados al agro, la actividad forestal y otros emprendimientos rurales. En contrapartida, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que una mayor apertura podría generar riesgos vinculados al control de recursos estratégicos, el acceso al agua, zonas de frontera y áreas de alto valor ambiental.
Con este nuevo esquema, el oficialismo apuesta a sumar los votos que hasta ahora le resultaban esquivos y evitar un nuevo revés parlamentario. Sin embargo, el resultado continúa abierto y dependerá tanto de la asistencia de los senadores como del desenlace de las negociaciones que se mantienen hasta último momento.
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