La iniciativa impulsada por el diputado Nicolás Trotta propone establecer plazos máximos para activar el protocolo de búsqueda, ampliar la difusión de los casos y sancionar a los funcionarios que demoren su implementación.
Con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, ingresó al Congreso un proyecto de ley que plantea una profunda modificación del funcionamiento de la Alerta Sofía, el sistema utilizado en Argentina para difundir de manera masiva la búsqueda urgente de menores cuyo paradero se desconoce.
La propuesta, presentada por el diputado nacional Nicolás Trotta, establece que la activación del protocolo deberá realizarse dentro de plazos específicos que oscilarán entre las dos y las ocho horas, dependiendo de las características y el nivel de riesgo de cada caso. Además, incorpora un mecanismo de activación automática cuando las autoridades competentes no respondan dentro del tiempo previsto.
«La desaparición de un niño no admite demoras burocráticas», sostuvo Trotta al fundamentar la iniciativa, remarcando que cada minuto resulta determinante durante las primeras horas posteriores a una denuncia por desaparición.
Actualmente, la Alerta Sofía funciona como un sistema de difusión inmediata que moviliza a fuerzas de seguridad, organismos públicos, medios de comunicación y plataformas digitales cuando existe una presunción fundada de que un menor de edad enfrenta un peligro inminente. El mecanismo toma como referencia la «Alerta Amber», implementada en distintos países para acelerar la localización de niños desaparecidos.
Sin embargo, el proyecto sostiene que aún existen demoras administrativas que pueden afectar la eficacia del sistema. Por ese motivo, propone fijar tiempos máximos obligatorios para que las autoridades analicen cada denuncia y resuelvan la activación del protocolo, evitando que cuestiones burocráticas retrasen el inicio de la búsqueda.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa apunta a fortalecer la difusión de las alertas. El texto prevé ampliar los canales de comunicación disponibles para que la información llegue de manera simultánea a medios tradicionales, redes sociales, plataformas digitales, empresas de telecomunicaciones y otros sistemas de comunicación masiva, con el propósito de incrementar las posibilidades de obtener datos sobre el paradero del menor desaparecido.
Además, el proyecto incorpora un régimen de responsabilidades para los funcionarios que incumplan los plazos establecidos o demoren injustificadamente la activación del mecanismo. La intención es garantizar que las decisiones se adopten con la urgencia que requieren este tipo de situaciones y evitar dilaciones que puedan comprometer el éxito de la búsqueda.
Especialistas en búsqueda de personas desaparecidas coinciden en que las primeras horas son decisivas para la localización de un menor. Diversos protocolos internacionales señalan que una respuesta rápida, coordinada y con amplia difusión pública aumenta considerablemente las probabilidades de encontrar a la víctima en buen estado.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes del Congreso, donde será analizada antes de un eventual tratamiento en el recinto. En caso de convertirse en ley, introduciría cambios significativos en el funcionamiento de la Alerta Sofía, reforzando la rapidez de respuesta y ampliando las herramientas disponibles para la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos.
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