La Provincia de Buenos Aires oficializó la finalización del acuerdo que mantenía desde 2018 con el Estado nacional para la gestión de las compensaciones tarifarias del transporte. La medida consolida un esquema propio de administración y suma un nuevo capítulo a la disputa política con el Gobierno nacional.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la finalización del convenio de colaboración que mantenía con el Estado nacional para la administración de las compensaciones tarifarias destinadas al transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión quedó plasmada en el Decreto 875/2026, publicado este lunes, y representa un cambio institucional en la forma en que se gestionan los subsidios destinados al sistema de colectivos bonaerense.
El acuerdo, vigente desde 2018 como parte de los compromisos derivados del Consenso Fiscal, establecía que la Nación realizaba los cálculos técnicos para determinar el monto de las compensaciones económicas, mientras que la Provincia se encargaba de distribuir esos recursos entre las empresas prestatarias de los servicios de transporte bajo su jurisdicción.
Sin embargo, el escenario cambió durante este año con la puesta en marcha del nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, impulsado por el Ejecutivo bonaerense. Ese sistema permitió que el Ministerio de Transporte provincial asumiera directamente la metodología de cálculo, la liquidación y la distribución de los fondos, eliminando la necesidad de continuar con la asistencia técnica nacional.
Desde la administración provincial sostienen que el convenio había perdido su razón de ser, ya que el nuevo esquema garantiza la continuidad del financiamiento y de los procedimientos administrativos con recursos y mecanismos propios. Por ese motivo, el decreto establece el cierre definitivo de un acuerdo que había sido prorrogado en diez oportunidades a lo largo de más de siete años.
Más allá del aspecto administrativo, la medida tiene una fuerte carga política. La decisión se interpreta como un nuevo paso en la estrategia del gobernador Axel Kicillof para fortalecer la autonomía de la Provincia frente al Gobierno de Javier Milei, especialmente en áreas sensibles como el transporte público, donde las diferencias por el reparto de recursos y la política de subsidios se profundizaron durante los últimos meses.
El transporte del AMBA se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre ambas administraciones. Mientras el Gobierno nacional avanzó con modificaciones en los criterios de asignación de subsidios y en los mecanismos de actualización tarifaria para los servicios bajo su jurisdicción, la Provincia desarrolló un sistema propio para sostener el funcionamiento de las líneas provinciales y municipales que operan en el conurbano bonaerense.
Con esta resolución, la administración bonaerense reafirma que continuará administrando de manera independiente las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas de transporte que prestan servicios en su territorio, consolidando un modelo propio de gestión en un contexto de permanente debate por el financiamiento del sistema de transporte público.
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