La Superintendencia de Riesgos del Trabajo oficializó una profunda depuración normativa mediante la derogación de resoluciones y artículos que consideró obsoletos o sin aplicación vigente. La decisión forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y anticipa nuevas modificaciones en el funcionamiento del sistema de ART.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dio un nuevo paso en el proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional al publicar en el Boletín Oficial la Resolución 35/2026, mediante la cual dejó sin efecto 122 resoluciones y artículos que habían permanecido vigentes, aunque en muchos casos ya no tenían aplicación práctica o habían sido reemplazados por normas posteriores.
La medida lleva la firma del superintendente Gustavo Morón y se enmarca en el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025, que instruyó a los organismos del Estado a revisar su normativa vigente con el objetivo de eliminar regulaciones innecesarias, simplificar procedimientos y reducir la burocracia administrativa.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el ministro Federico Sturzenegger calificó la decisión como un primer avance dentro del proceso de modernización del Estado. Según explicó, la revisión permitió detectar normas que regulaban trámites presenciales que actualmente ya se realizan de manera digital, registros duplicados y comités que habían dejado de funcionar hace años.
Depuración normativa y mayor claridad jurídica
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la SRT realizó un análisis exhaustivo del conjunto de disposiciones dictadas durante los últimos años para identificar aquellas que habían quedado tácitamente derogadas por normas posteriores o cuyo objeto ya había sido cumplido.
La resolución distingue dos situaciones: por un lado, reconoce formalmente la pérdida de vigencia de normas que ya habían sido reemplazadas por otras más recientes; por otro, dispone la derogación expresa de resoluciones consideradas obsoletas, redundantes o sin utilidad práctica, con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica y facilitar la consulta del marco regulatorio vigente.
El organismo también instruyó la actualización del Digesto Institucional, con el objetivo de que empleadores, trabajadores, aseguradoras y operadores jurídicos puedan acceder a un cuerpo normativo más claro y ordenado.
Un paso previo a una reforma más amplia
La eliminación de estas normas no modifica de manera inmediata las prestaciones del sistema de Riesgos del Trabajo ni los derechos de los trabajadores establecidos por la Ley 24.557. Sin embargo, representa un paso previo hacia una reforma más amplia del funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que el Gobierno analiza desde hace varios meses.
Entre los principales objetivos oficiales se encuentran la digitalización completa de los procedimientos administrativos, la reducción de cargas burocráticas para empresas y trabajadores, la eliminación de estructuras administrativas consideradas innecesarias y la actualización del marco regulatorio para adaptarlo al funcionamiento actual del sistema.
Especialistas en derecho laboral sostienen que cualquier modificación futura sobre el régimen de ART deberá respetar las garantías previstas por la legislación vigente y mantener la cobertura obligatoria para accidentes laborales y enfermedades profesionales, uno de los pilares del sistema argentino de riesgos del trabajo.
Con esta decisión, el Gobierno continúa profundizando su política de revisión normativa, una estrategia que ya se viene aplicando en distintos organismos nacionales con el objetivo de reducir regulaciones consideradas innecesarias y simplificar el funcionamiento de la administración pública.
Autor
