La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Municipio de Azul y dispuso que el Estado nacional presente un plan de obras en un plazo de diez días hábiles. Además, fijó un máximo de 120 días para ejecutar las reparaciones y exigió medidas de seguridad inmediatas para proteger a quienes transitan por la zona.
La Justicia Federal dio un paso decisivo en el reclamo por el deterioro de la Ruta Nacional Nº 3 al ordenar al Estado nacional intervenir de manera urgente el tramo comprendido entre las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí, considerado uno de los sectores más comprometidos de ese corredor vial.
La resolución fue dictada por la Cámara Federal de Mar del Plata, que revocó una decisión de primera instancia y hizo lugar a la medida cautelar promovida por el Municipio de Azul. El planteo judicial se fundamentó en el avanzado deterioro de la calzada y en el riesgo que representa para miles de automovilistas, transportistas y vecinos que circulan diariamente por ese sector.
El fallo establece que el Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, deberá presentar en un plazo de diez días hábiles un plan detallado de obras destinado a recuperar las condiciones de transitabilidad de la ruta. Asimismo, la resolución fija un plazo máximo de 120 días para ejecutar las tareas necesarias.
Mientras se desarrollen los trabajos, la Justicia ordenó implementar medidas preventivas de seguridad vial. Entre ellas se incluyen una adecuada señalización de los sectores más peligrosos, restricciones de circulación cuando resulten necesarias y reparaciones provisorias en los puntos de mayor riesgo, con el objetivo de disminuir la posibilidad de siniestros viales.
Un reclamo que lleva meses
La situación de la Ruta Nacional 3 viene siendo motivo de preocupación desde hace tiempo. Vecinos, productores, transportistas, instituciones y autoridades municipales denunciaron reiteradamente el deterioro de la carpeta asfáltica, la presencia de profundos baches y las dificultades para circular con seguridad.
Durante los últimos meses también se realizaron distintas manifestaciones públicas reclamando inversiones urgentes en infraestructura vial, especialmente en uno de los corredores más importantes del centro y sur de la provincia de Buenos Aires.
La decisión judicial busca garantizar condiciones mínimas de seguridad hasta que las obras definitivas sean ejecutadas y constituye un respaldo al planteo impulsado por el Municipio de Azul, que había solicitado la intervención de la Justicia ante el riesgo permanente que presenta ese tramo de la ruta.
Con esta resolución, la Cámara Federal dejó en claro que el mantenimiento de la infraestructura vial resulta indispensable para proteger la vida de quienes utilizan diariamente la Ruta Nacional 3, una vía estratégica para el transporte de pasajeros, la producción agropecuaria y el movimiento comercial de la región.
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