La Cámara alta debate un proyecto impulsado por el oficialismo que modifica el régimen de tierras rurales, expropiaciones y desalojos. La iniciativa también incluye el tratamiento de pliegos judiciales y genera un fuerte debate político por sus posibles efectos sobre la soberanía territorial y el derecho de propiedad.
El Senado de la Nación lleva adelante una sesión clave en la que uno de los principales temas del temario es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que propone introducir modificaciones profundas al régimen vigente sobre tierras rurales, expropiaciones y procedimientos de desalojo.
Uno de los aspectos que concentra la mayor atención es la eliminación de los límites establecidos por la actual Ley de Tierras Rurales para la adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La normativa vigente fija restricciones que impiden que la propiedad extranjera supere el 15% de las tierras rurales del país, además de establecer topes por nacionalidad y límites de superficie en determinadas zonas productivas y estratégicas. La reforma impulsada por el Gobierno propone dejar sin efecto esas restricciones.
Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá atraer inversiones, impulsar nuevos desarrollos productivos y favorecer el crecimiento económico mediante una mayor apertura al capital internacional. Según sus impulsores, la eliminación de las limitaciones facilitará proyectos vinculados con el agro, la actividad forestal, la infraestructura y otros sectores estratégicos.
En contraste, distintos bloques opositores, especialistas y organizaciones sociales y ambientales expresaron preocupación por el alcance de la iniciativa. Advierten que la derogación de los controles podría favorecer la concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en regiones con importantes recursos naturales, reservas de agua, zonas de frontera y áreas de alto valor estratégico para el país.
El proyecto también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, con el objetivo de reforzar las garantías para los propietarios frente a intervenciones estatales, y contempla cambios en los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, promoviendo mecanismos más ágiles para la restitución de la posesión. Estos puntos también generan posiciones encontradas entre quienes consideran que fortalecen el derecho de propiedad y quienes advierten sobre el impacto social que podrían tener en determinados sectores.
Además del debate sobre la propiedad privada, la sesión incluye el tratamiento de 36 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos figura la continuidad del camarista Víctor Pesino, junto con otras designaciones que deberán obtener el aval de la Cámara alta para avanzar en el proceso de cobertura de cargos dentro del Poder Judicial.
La discusión se desarrolla en un clima de fuerte polarización política y con expectativas sobre el resultado de la votación, ya que la iniciativa representa uno de los proyectos más relevantes impulsados por el oficialismo durante el actual período legislativo.
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