La iniciativa fue oficializada mediante el Decreto 590/2026 y prevé convocar a un concurso internacional para explorar el área CAN 200 de la Cuenca Argentina Norte. La decisión reavivó el debate por la participación de una empresa británica, la jurisdicción de tribunales arbitrales internacionales y las implicancias estratégicas vinculadas a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política energética al oficializar la convocatoria a un concurso público internacional destinado a otorgar un permiso de exploración hidrocarburífera en el área CAN 200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la Plataforma Continental Argentina.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, e instruye a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a llevar adelante el proceso licitatorio. La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar actividades de exploración en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados.
Según el decreto, el objetivo es determinar el potencial hidrocarburífero de la zona y continuar ampliando la actividad exploratoria en el mar argentino, en línea con la política oficial de incrementar la producción energética, fomentar inversiones y maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. La normativa también delega en la Secretaría de Energía la aprobación del pliego de bases y condiciones, así como el eventual otorgamiento del permiso de exploración y de una futura concesión de explotación.
Un punto que genera cuestionamientos
Uno de los aspectos que despertó mayor atención entre especialistas es la autorización para incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales en caso de eventuales controversias entre el Estado argentino y la empresa adjudicataria.
El decreto establece que dichos tribunales deberán tener sede en un Estado adherido a la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Al mismo tiempo, aclara que esa disposición no implica una renuncia por parte de la Argentina a la inmunidad de ejecución sobre sus bienes soberanos.
El especialista en energía Juan José Carbajales sostuvo que esta cláusula merece especial análisis debido a las implicancias jurídicas que podría tener frente a futuros conflictos contractuales. Además, remarcó que el desarrollo hidrocarburífero en la Plataforma Continental constituye un activo estratégico para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y respaldar el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Contexto geopolítico
La decisión oficial se conoce en un escenario de creciente actividad petrolera en el Atlántico Sur. En los últimos años distintas compañías internacionales avanzaron con proyectos de exploración en áreas próximas a las Islas Malvinas, una situación que continúa generando tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido.
Diversos especialistas en relaciones internacionales sostienen que la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental posee una dimensión económica, energética y también geopolítica, debido a que fortalece la presencia de los Estados en espacios marítimos considerados estratégicos.
En ese contexto, el nuevo concurso internacional vuelve a instalar el debate acerca del equilibrio entre la necesidad de atraer inversiones para el desarrollo energético y la protección de los intereses soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.
Qué establece el decreto
Entre los principales puntos de la norma se destacan:
- Convocatoria a un concurso público internacional para explorar el área CAN 200.
- Superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados en la Cuenca Argentina Norte.
- Participación originada por una manifestación de interés presentada por Challenger Energy Group PLC.
- Delegación en la Secretaría de Energía para organizar el proceso licitatorio y otorgar los permisos correspondientes.
- Posibilidad de incorporar cláusulas de arbitraje internacional para resolver controversias contractuales, preservando la inmunidad de ejecución de los bienes del Estado argentino.
La convocatoria constituye uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia de exploración offshore durante 2026 y abre una nueva etapa en el desarrollo de la actividad petrolera en el Mar Argentino, en medio de un intenso debate sobre inversiones, recursos naturales y soberanía.
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