El gobierno bonaerense asegura que varios proyectos estratégicos permanecen paralizados por la falta de avales nacionales, pese a contar con financiamiento de organismos multilaterales. Desde la administración provincial sostienen que otras jurisdicciones sí obtuvieron esas autorizaciones.
La disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires volvió a sumar un nuevo capítulo, esta vez en torno a la ejecución de obras públicas financiadas con créditos internacionales ya aprobados por distintos organismos multilaterales. Desde la administración de Axel Kicillof afirman que la falta de avales por parte del Ministerio de Economía impide avanzar con proyectos considerados prioritarios para millones de bonaerenses.
Según planteó el Ejecutivo provincial, existen numerosas iniciativas que ya cuentan con financiamiento otorgado por entidades internacionales, pero cuya puesta en marcha depende de la firma de garantías por parte del Estado nacional, un requisito previsto en los procedimientos que regulan este tipo de préstamos. Sin esa autorización administrativa, los desembolsos no pueden concretarse y las obras permanecen demoradas.
Entre los proyectos alcanzados por esta situación figuran una nueva planta depuradora de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, una obra destinada a ampliar la infraestructura de saneamiento en la región capital; la construcción de una nueva planta potabilizadora para mejorar el abastecimiento de agua potable; un acueducto para la ciudad de La Plata; trabajos de mitigación de inundaciones mediante un túnel aliviador del arroyo Las Piedras; intervenciones sobre la Ruta Provincial 6 y la Ruta 11; además de la continuidad del dragado de la cuarta etapa del Río Salado.
De acuerdo con la información difundida por fuentes provinciales, el Gobierno nacional sí autorizó recientemente avales para 18 proyectos de infraestructura en diez provincias argentinas, financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, Fonplata y otros fondos internacionales, por un monto cercano a los 2.000 millones de dólares. Desde la Provincia interpretan esa diferencia de trato como una decisión política que perjudica exclusivamente a Buenos Aires.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la Provincia dispone tanto de recursos propios como de líneas de financiamiento internacional, pero remarcó que necesita la autorización formal de la Nación para poder utilizar esos créditos. En ese sentido, cuestionó que la falta de respuesta nacional retrasa inversiones destinadas a obras hidráulicas, viales, de agua potable y saneamiento.
En paralelo, la controversia también llegó al ámbito judicial. Un magistrado federal intimó al Ministerio de Economía para que responda los pedidos de aval presentados por la provincia de Buenos Aires, al considerar que el silencio administrativo puede restringir el acceso al financiamiento internacional necesario para ejecutar las obras previstas. Según trascendió, el plazo fijado por la Justicia venció sin que se conociera una respuesta oficial.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la concreción de estos proyectos permitiría mejorar el acceso al agua potable, ampliar los sistemas de saneamiento, reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la infraestructura vial en distintos municipios. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y mantiene paralizadas inversiones consideradas estratégicas para la provincia.
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