La movilización contra el nuevo esquema de contratación municipal derivó en graves disturbios, daños en el edificio comunal y una denuncia penal. La Comisión Provincial por la Memoria cuestionó el accionar policial y habló de un operativo «indiscriminado».
Una manifestación de cooperativistas frente a la Municipalidad de La Plata terminó con un saldo de 19 personas detenidas, importantes daños materiales en el edificio comunal y una fuerte controversia entre las autoridades municipales, las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.
La protesta reunió a unas 200 personas que expresaban su rechazo a la decisión de la administración encabezada por el intendente Julio Alak de reemplazar el sistema de contratación directa de cooperativas por un esquema de licitación pública para la prestación de distintos servicios urbanos, entre ellos barrido, corte de césped y limpieza de zanjas.
Con el correr de la jornada, la movilización se tornó violenta. Manifestantes incendiaron neumáticos frente al Palacio Municipal, rompieron puertas, vidrios y ventanas, mientras también se registraron focos de incendio en uno de los accesos al edificio. La intervención de la Policía Bonaerense derivó en enfrentamientos y en la detención de 19 personas, aunque otras versiones oficiales mencionaron un número mayor de aprehendidos.
Desde la Municipalidad informaron que, además de los daños en el ingreso al edificio, resultaron afectados sectores históricos como el Salón Dorado y dependencias del Concejo Deliberante. Asimismo, la administración local presentó una denuncia penal por los delitos de daño agravado, atentado a la autoridad y lesiones, y responsabilizó a integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por los destrozos ocasionados durante la protesta.
El Ejecutivo municipal sostuvo que la implementación del nuevo sistema de contratación busca garantizar mayor transparencia y ajustarse a la normativa vigente, señalando que todas las cooperativas tuvieron la posibilidad de participar del proceso licitatorio mediante la adquisición de los pliegos correspondientes.
Del otro lado, las organizaciones sociales denunciaron que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo vinculados a tareas de mantenimiento urbano y reciclado. Además, cuestionaron el procedimiento policial durante el operativo y reclamaron la liberación de los detenidos.
La Comisión Provincial por la Memoria también intervino tras los hechos y manifestó su preocupación por el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad. El organismo sostuvo que se trató de una intervención «indiscriminada» y pidió que se investigue el accionar policial, al tiempo que reclamó garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
Mientras la investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades por los incidentes, el conflicto expone la creciente tensión entre el Municipio y las organizaciones que prestaban servicios mediante cooperativas, en un contexto de cambios en el sistema de contratación pública que genera incertidumbre entre cientos de trabajadores.
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