El acusado, Orlando Alcides Lutz Fogar, optó por esta modalidad prevista por la legislación bonaerense. Doce ciudadanos definirán su responsabilidad en el ataque contra una pareja de mujeres que denunció años de hostigamiento por su orientación sexual.
La causa por el ataque incendiario contra una pareja de mujeres en la localidad bonaerense de Cañuelas avanzará hacia una nueva etapa judicial. Orlando Alcides Lutz Fogar, el hombre acusado de intentar asesinar a sus vecinas Agui y Vane, será juzgado mediante un sistema de jurados populares, una herramienta contemplada por la legislación de la provincia de Buenos Aires para delitos de gravedad.
La decisión fue tomada por el propio imputado, quien eligió que su responsabilidad penal sea evaluada por un grupo de doce ciudadanos sin formación jurídica. El debate oral está previsto para los próximos meses, una vez que la Justicia concluya las instancias preparatorias y fije la fecha definitiva del juicio.
El caso conmocionó a la comunidad de Cañuelas a comienzos de 2025. Según la investigación judicial, el acusado habría incendiado intencionalmente la vivienda donde residían dos mujeres junto a una niña de cinco años en el barrio Chacras del Alba. De acuerdo con la acusación fiscal, el ataque ocurrió durante la madrugada del 29 de enero, luego de una serie de episodios de hostigamiento y amenazas que las víctimas aseguran haber sufrido durante años.
Las imágenes de cámaras de seguridad y distintos elementos de prueba llevaron a la fiscalía a imputar a Lutz Fogar por el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual en grado de tentativa, además del delito de incendio. La defensa del acusado rechazó las acusaciones y sostiene su inocencia.
Tras el hecho, el hombre permaneció prófugo durante varias semanas hasta que se presentó voluntariamente ante la fiscalía acompañado por su abogado. Desde entonces permanece detenido mientras avanza el expediente judicial.
¿Cómo funciona un juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires?
La Ley 14.543 establece que los delitos cuya pena máxima supere los 15 años de prisión pueden ser juzgados por jurados populares. El tribunal está integrado por un juez técnico, que dirige el debate y brinda las instrucciones legales, doce jurados titulares y seis suplentes.
Durante el proceso, los integrantes del jurado escuchan las pruebas, los testimonios y los alegatos de las partes. Una vez finalizado el debate, deliberan de manera reservada y emiten un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. En caso de una eventual condena, será el juez quien determine la pena correspondiente.
A diferencia de otros procesos penales, los jurados no deben fundamentar públicamente su decisión. Su función se limita a resolver si la acusación logró demostrar la responsabilidad del imputado más allá de toda duda razonable.
Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio de Barracas
El caso de Cañuelas presenta una diferencia central respecto del juicio por el ataque ocurrido en Barracas, donde tres mujeres murieron tras un incendio provocado en una habitación de una pensión.
Mientras que en Cañuelas el acusado eligió ser juzgado por un jurado popular, el expediente por el triple lesbicidio de Barracas continúa bajo la órbita de un tribunal técnico integrado por jueces profesionales.
Además, en la causa de Cañuelas las víctimas sobrevivieron al ataque, por lo que la acusación se centra en una tentativa de homicidio agravado. En el caso de Barracas, la Justicia investiga un triple homicidio consumado.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual siguen de cerca ambos expedientes y reclaman que los ataques sean abordados con perspectiva de género y diversidad, poniendo el foco en la posible motivación de odio hacia la orientación sexual de las víctimas.
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