La administración bonaerense busca frenar una sentencia que ordena el pago de una millonaria penalidad derivada de un contrato ferroviario firmado a fines de los años noventa. El Gobierno nacional ya intimó a la Provincia a cancelar la deuda.
El conflicto judicial entre la Provincia de Buenos Aires y el Estado nacional sumó un nuevo capítulo. El gobierno encabezado por Axel Kicillof decidió recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir un fallo que obliga a las arcas bonaerenses a desembolsar más de 5.500 millones de pesos por una controversia vinculada a dos locomotoras cedidas hace más de dos décadas.
La disputa se remonta a agosto de 1999, cuando el Estado nacional otorgó en préstamo a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media por un período de un año. Según consta en el expediente, al vencerse el acuerdo las unidades no fueron restituidas y tampoco se abonó el canon correspondiente por su utilización, situación que derivó en una demanda judicial y en la aplicación de una cláusula penal de 1.000 dólares diarios.
De acuerdo con la postura provincial, las locomotoras fueron finalmente devueltas en diciembre de 2017, en el marco del cierre de la empresa Ferrobaires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Sin embargo, la reciente resolución judicial que determinó el monto de la condena tomó como referencia un mecanismo de actualización que, según la Provincia, desconoce esa restitución efectiva y calcula la penalidad utilizando parámetros monetarios actuales.
El eje de la controversia
Los abogados del Estado bonaerense sostienen que existe una contradicción en la sentencia. Argumentan que el propio tribunal reconoció que las locomotoras fueron devueltas en 2017, pero al mismo tiempo mantuvo una fórmula de conversión monetaria que parte de la premisa de que nunca fueron restituidas. Esa diferencia impactó directamente en el cálculo final de la deuda.
Según el planteo presentado ante la Corte, el tipo de cambio utilizado para la liquidación fue el vigente en febrero de 2026 y no el correspondiente al momento en que se produjo la devolución del material ferroviario. Esa decisión elevó significativamente el monto reclamado y llevó la sanción a una cifra que supera los 5.500 millones de pesos.
La Provincia también cuestiona que el fallo no haya contemplado el proceso de pesificación dispuesto tras la crisis económica de 2001. En ese sentido, los representantes legales bonaerenses sostienen que la resolución desconoce la Ley 25.561, norma que estableció la conversión a pesos de diversas obligaciones contractuales.
Pedido de suspensión y reclamo por la multa
Además de solicitar que se revise el criterio aplicado para calcular la deuda, la administración de Kicillof pidió una medida cautelar para suspender la ejecución de la sentencia mientras la Corte analiza el caso. El objetivo es evitar que avance el cobro mientras se resuelve el planteo de fondo.
En la presentación judicial, la Fiscalía de Estado calificó la sanción económica como desproporcionada y planteó que existe una enorme diferencia entre el valor de la obligación principal y el monto resultante de la cláusula penal. Por ello, reclamó que, en caso de no anularse el fallo, se reduzca judicialmente la penalidad por considerarla excesiva e irrazonable.
Nación exige el pago
Mientras se desarrolla la nueva instancia judicial, el Gobierno nacional avanzó con una intimación formal para que la Provincia cancele la suma reclamada, bajo apercibimiento de iniciar acciones de ejecución.
La controversia se suma a otros litigios que actualmente mantienen enfrentadas a la administración bonaerense y la Casa Rosada por cuestiones financieras y de distribución de recursos. En los últimos meses, la Provincia también impulsó distintas presentaciones ante la Corte Suprema para reclamar fondos que considera adeudados por el Estado nacional.
Con la decisión de acudir al máximo tribunal, el gobierno provincial apuesta a revertir una sentencia que considera arbitraria y evitar un desembolso multimillonario que, según informes oficiales, tendría un fuerte impacto sobre las finanzas bonaerenses.
Autor
