El Gobierno bonaerense detectó posibles irregularidades en contratos de adhesión vinculados a Mercado Libre y Mercado Pago. La firma tiene cinco días hábiles para responder y evitar sanciones económicas que podrían superar los $1.800 millones.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una actuación de oficio contra Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en distintos contratos y términos de uso de la plataforma. La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores.
La investigación se originó luego de una fiscalización realizada sobre documentación publicada en el sitio oficial de la empresa fundada por Marcos Galperín. Según indicaron desde la administración provincial, se identificaron más de diez disposiciones que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y otras normativas complementarias.
El análisis incluyó las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI”, además de los contratos vinculados a préstamos personales y servicios de financiamiento operados mediante Mercado Pago.
Entre los puntos observados por las autoridades figuran cláusulas relacionadas con modificaciones contractuales aceptadas de manera automática, falta de precisión en el cobro de tarifas y comisiones, limitaciones de responsabilidad frente a fallas técnicas y disposiciones que trasladarían responsabilidades al usuario ante accesos no autorizados a las cuentas.
También fueron cuestionadas condiciones que permitirían compensaciones entre cuentas, débitos sobre cuentas de terceros, exenciones anticipadas de responsabilidad y la fijación de jurisdicciones que podrían perjudicar el derecho de defensa de los consumidores.
Desde la Provincia sostuvieron que estas disposiciones podrían generar un desequilibrio entre las obligaciones de la empresa y los derechos de las personas usuarias, situación contemplada como abusiva por el artículo 37 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. La empresa cuenta ahora con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo formal y proponer modificaciones o eliminaciones de las cláusulas cuestionadas.
En caso de no adecuar los contratos observados, Mercado Libre podría recibir una multa de hasta $1.815 millones, una de las sanciones económicas más importantes aplicadas en el ámbito de defensa al consumidor en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con datos oficiales, la compañía encabeza el listado de reclamos registrados en territorio bonaerense durante 2026. Solo en los primeros cuatro meses del año se contabilizaron 2.396 denuncias vinculadas a servicios y operaciones realizadas a través de la plataforma.
El avance de la investigación se produce en un contexto de creciente debate sobre las prácticas contractuales de grandes plataformas digitales y fintech en Argentina. En los últimos años, distintos organismos de control nacionales y provinciales impulsaron actuaciones similares contra empresas tecnológicas por presuntas cláusulas abusivas, publicidad engañosa y limitaciones a los derechos de consumidores y usuarios.
Hasta el momento, Mercado Libre no emitió un comunicado oficial sobre la imputación realizada por el Gobierno bonaerense.
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