Una medida cautelar suspendió los efectos de la resolución que habilitaba recortes y modificaciones dentro del organismo. El fallo representa un fuerte revés para el plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
La Justicia federal resolvió poner un freno al proceso de recorte y reorganización que avanzaba sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de hacer lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión judicial suspende la aplicación de la Resolución 42/26, normativa que había sido cuestionada por habilitar la eliminación de cientos de servicios técnicos y abrir la puerta a despidos masivos dentro del organismo.
El fallo fue firmado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. En la resolución, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar medidas vinculadas a cesantías, transferencias de funciones o modificaciones estructurales derivadas de la disposición oficial. Además, dispuso garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, manteniendo categorías y salarios.
La controversia se originó tras la publicación de la Resolución 42/2026 en abril pasado. La normativa establecía la baja de más de 600 servicios técnicos —algunas versiones sindicales elevan esa cifra a más de 900— bajo el argumento de reducir gastos y reorganizar áreas consideradas superpuestas con prestaciones privadas. Desde el gremio denunciaron que la iniciativa implicaba un “vaciamiento” del organismo y advertían sobre la posible pérdida de alrededor de 700 puestos de trabajo.
El INTI cumple un rol estratégico en la asistencia tecnológica a industrias, pymes y sectores productivos de todo el país. Entre sus funciones se encuentran tareas de certificación, controles de calidad, desarrollo de innovación y asistencia técnica para empresas nacionales. Por ese motivo, la posible reducción de servicios generó preocupación tanto en trabajadores como en distintos sectores industriales que dependen del organismo para procesos productivos y de exportación.
Desde ATE celebraron la decisión judicial y consideraron que se trata de un precedente relevante frente al avance de políticas de ajuste en organismos públicos. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la cautelar representa “un avance significativo” en la defensa del empleo estatal y cuestionó la legalidad de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
El fallo establece, además, la preservación de la estructura operativa del instituto durante al menos seis meses, mientras continúa el tratamiento judicial del amparo presentado por el gremio. En ese período, el Gobierno nacional no podrá avanzar con modificaciones que alteren el funcionamiento de áreas alcanzadas por la resolución suspendida.
La decisión judicial se suma a otros conflictos recientes entre el Gobierno y distintos sectores sindicales por reformas laborales, recortes presupuestarios y reestructuraciones en organismos públicos. En varios casos, la Justicia intervino mediante medidas cautelares para suspender parcialmente iniciativas oficiales mientras se analiza su constitucionalidad y el posible impacto sobre los derechos laborales.
Mientras tanto, trabajadores del INTI mantienen el estado de alerta y continúan reclamando garantías sobre la estabilidad laboral y el futuro del organismo, considerado clave para el desarrollo industrial y tecnológico
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