El Ejecutivo decidió congelar el Fondo de Asistencia Laboral, el modelo que buscaba reemplazar las indemnizaciones tradicionales. Economía alertó por una multimillonaria pérdida de recursos previsionales.
A pocos días de su lanzamiento obligatorio, el Gobierno nacional resolvió suspender la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo diseñado dentro de la reforma laboral para sustituir las indemnizaciones por despido por un sistema de aportes administrados mediante fondos fiduciarios.
La iniciativa, incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, formaba parte del paquete de desregulación económica impulsado por la administración nacional. Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió frenar su puesta en marcha luego de detectar un posible impacto negativo sobre los ingresos de la ANSES.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por técnicos del área económica, el nuevo esquema podía generar un agujero fiscal estimado en 4,5 billones de pesos anuales debido al redireccionamiento de aportes patronales hacia estructuras privadas. La preocupación se profundizó por el actual escenario de desaceleración económica y menor recaudación.
La implementación estaba prevista para el próximo 1° de junio, pero finalmente quedó aplazada y, según trascendió, no volvería a discutirse hasta 2027. La resolución dejó en evidencia diferencias dentro del equipo económico y político del Gobierno.
Mientras el sector más orientado a las reformas estructurales defendía la necesidad de avanzar rápidamente con cambios laborales para flexibilizar el mercado de trabajo, desde Economía priorizaron la estabilidad de las cuentas públicas y el sostenimiento del sistema previsional.
El FAL proponía un mecanismo similar al utilizado en algunos convenios sectoriales, donde las empresas realizan aportes mensuales a un fondo destinado a cubrir futuras desvinculaciones. La intención oficial era reemplazar el modelo de indemnización tradicional por uno de capitalización anticipada.
No obstante, especialistas advirtieron que el esquema todavía presentaba interrogantes sobre la administración de los fondos, los controles estatales y la protección efectiva de los trabajadores. También surgieron cuestionamientos sobre el eventual debilitamiento del financiamiento jubilatorio.
En paralelo, sindicatos y organizaciones laborales expresaron rechazo al proyecto desde su presentación. Consideraban que la reforma implicaba una flexibilización encubierta y podía reducir el nivel de protección frente a despidos.
La postergación representa un revés para uno de los puntos más sensibles del programa de reformas económicas del Gobierno. Aunque oficialmente no se habló de una marcha atrás definitiva, dentro del Ejecutivo reconocen que las condiciones actuales dificultan avanzar con una transformación de semejante impacto financiero.
Por el momento, continuará vigente el régimen tradicional de indemnizaciones laborales mientras el Gobierno redefine el alcance y la viabilidad del nuevo sistema.
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