El gobernador bonaerense cuestionó el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y alertó por el impacto que tendría en miles de hogares. También sostuvo que algunos artículos serían “ilegales” y pidió al Senado que frene la iniciativa.
El debate por los subsidios al gas volvió a escalar en el escenario político nacional luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma del Régimen de Zona Fría. Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof expresó un fuerte rechazo a la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional y advirtió que, de avanzar en el Senado, podría generar consecuencias económicas y sociales para millones de usuarios.
El mandatario bonaerense aseguró que algunos puntos del proyecto “son ilegales” y adelantó que la Provincia analiza posibles acciones judiciales para frenar la aplicación de la norma. Además, reclamó a los senadores nacionales que no acompañen la propuesta, al considerar que profundiza el ajuste sobre los sectores medios y trabajadores.
La reforma aprobada en Diputados busca modificar el esquema actual de subsidios al gas natural por red y reducir el alcance del beneficio conocido como “Zona Fría”, que fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637. Según el proyecto, el descuento automático dejaría de aplicarse en numerosos municipios incorporados durante esa ampliación y el sistema pasaría a focalizarse principalmente en criterios socioeconómicos.
En territorio bonaerense, el impacto sería especialmente significativo. Distintos relevamientos indican que decenas de municipios podrían quedar excluidos del régimen de subsidios, incluyendo ciudades de la Costa Atlántica y del interior provincial como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Necochea y Bahía Blanca, entre otras.
Durante una actividad oficial en Florencio Varela, Kicillof sostuvo que la medida “descarga sobre la gente” el peso del ajuste fiscal y cuestionó que se avance con aumentos en los costos energéticos en medio de una situación económica compleja. También afirmó que el nuevo esquema afectaría directamente las condiciones de vida de miles de familias que dependen del subsidio para afrontar las tarifas durante el invierno.
El rechazo al proyecto no provino únicamente del Ejecutivo bonaerense. La Defensoría del Pueblo de la provincia también manifestó preocupación por la posible eliminación de los descuentos tarifarios y advirtió que la reforma podría agravar desigualdades climáticas y sociales, además de comprometer el acceso equitativo a servicios esenciales.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, argumentan que la modificación apunta a “ordenar” el sistema de subsidios energéticos y reducir el gasto público. La iniciativa oficial plantea mantener el beneficio pleno en regiones históricamente contempladas por bajas temperaturas extremas, como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna, mientras que el resto de los usuarios debería revalidar condiciones socioeconómicas para conservar descuentos.
Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto deberá ahora ser debatido en el Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley. Mientras tanto, gobernadores, intendentes y organizaciones sociales continúan manifestando preocupación por el posible impacto en las facturas de gas de millones de hogares argentinos.
Autor
