Un ex trabajador de la PIAP presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales y provinciales y advirtió sobre potenciales fugas o explosiones en la planta neuquina, paralizada desde 2017 y sin contrato de mantenimiento desde fines de 2025.
La situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén, volvió a quedar en el centro de la escena tras una denuncia judicial que alerta sobre posibles riesgos ambientales y de seguridad vinculados al estado actual de las instalaciones. La presentación fue realizada por Aldo Héctor Villavicencio, ex técnico bioquímico del complejo, quien pidió la intervención urgente de la Justicia para garantizar el mantenimiento de la planta y evitar eventuales incidentes que podrían afectar al río Limay y a las comunidades cercanas.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, la planta permanece fuera de operación desde 2017 y atraviesa una situación crítica desde octubre de 2025, fecha en la que venció el contrato de conservación y mantenimiento financiado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según el ex trabajador, la falta de tareas preventivas y de monitoreo permanente incrementa el riesgo de fugas químicas, derrames o incluso explosiones.
La acusación alcanza a cinco funcionarios vinculados a la conducción de la CNEA y de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma encargada de operar la planta. Entre los señalados aparecen el presidente de la CNEA, Martín Eduardo Porro; el subsecretario de Asuntos Nucleares, Federico Matías Ramos Nápoli; y directivos de ENSI, sociedad integrada por la Provincia de Neuquén y el organismo nacional.
En la presentación judicial se sostiene que dentro de las unidades de proceso todavía existen sustancias consideradas de alta peligrosidad, entre ellas amoníaco líquido y gaseoso, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno enriquecido con deuterio. Según el denunciante, el deterioro de los sistemas de conservación podría derivar en consecuencias ambientales severas para la región.
La PIAP fue construida con una inversión superior a los mil millones de dólares y durante años fue considerada una de las plantas de producción de agua pesada más importantes del mundo. El complejo tenía capacidad para producir hasta 200 toneladas anuales de agua pesada, insumo clave para el funcionamiento de centrales nucleares que utilizan tecnología CANDU y reactores moderados con este componente.
A pesar de su paralización operativa desde 2017, la planta continuó realizando tareas de conservación mínimas para evitar el deterioro de equipos y estructuras. Sin embargo, distintos informes y reclamos sindicales advirtieron durante los últimos meses sobre atrasos en los pagos, falta de financiamiento y demoras en la renovación de contratos vinculados al mantenimiento.
La denuncia también remarca que ENSI habría seguido sosteniendo parte de las tareas operativas utilizando recursos propios provenientes de otras áreas de negocios, especialmente servicios relacionados con la industria hidrocarburífera. Esto, según se expone en el escrito, habría generado un fuerte pasivo económico y una creciente incertidumbre laboral para los trabajadores de la planta.
En paralelo, el futuro de la PIAP continúa siendo motivo de debate dentro del sector nuclear argentino. Durante los últimos años hubo anuncios oficiales vinculados a posibles proyectos de reactivación y negociaciones con potenciales inversores extranjeros interesados en la producción de agua pesada. Incluso se mencionaron acuerdos preliminares con compañías canadienses vinculadas al desarrollo de reactores nucleares CANDU.
La presentación judicial solicita como medida cautelar que la CNEA retome de inmediato el financiamiento integral del mantenimiento de la planta en un plazo máximo de cinco días, incluyendo salarios, insumos y tareas de monitoreo técnico. Además, plantea que, en caso de incumplimiento, la Provincia de Neuquén asuma de manera transitoria esas obligaciones para evitar un agravamiento de la situación.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de los organismos y funcionarios denunciados respecto de la causa judicial ni sobre el estado actual de las instalaciones.
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