El Gobierno provincial abrió una mesa de trabajo con jefes comunales de distintos espacios para impulsar cambios en la legislación de seguridad. El eje del debate pasa por el grado de autonomía que tendrían las nuevas fuerzas locales y el control operativo que reclaman los municipios.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la discusión por la descentralización de la seguridad al avanzar en conversaciones formales con intendentes del conurbano y del interior bonaerense para reimpulsar la creación de policías municipales. El encuentro, encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dejó como saldo un entendimiento inicial para comenzar a delinear un proyecto legislativo que permita devolverles mayor protagonismo a los municipios en materia de prevención del delito.
La reunión se realizó en Escobar y reunió a alrededor de quince jefes comunales y funcionarios municipales vinculados al área de seguridad. Entre los presentes estuvieron el anfitrión Ariel Sujarchuk, además de Ramón Lanús (San Isidro), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Leonardo Botto (Luján), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Juan Fabiani (Almirante Brown), entre otros.
Según trascendió, durante el encuentro Alonso distribuyó un borrador técnico que funcionará como base para una discusión política y legislativa que continuará en las próximas semanas entre secretarios de Seguridad municipales y legisladores provinciales.
El reclamo: mayor autonomía real
Uno de los principales puntos de tensión gira en torno al nivel de independencia que tendría una eventual nueva fuerza local.
Intendentes de distintos signos políticos coincidieron en que cualquier esquema que avance debe contemplar conducción operativa municipal, capacidad de decisión territorial y atribuciones claramente delimitadas. Tanto Ferraresi como Lanús marcaron una postura firme al sostener que una policía local sin mando político efectivo por parte del municipio sería insuficiente frente a la demanda vecinal por respuestas más rápidas ante hechos delictivos.
El planteo no es nuevo. Desde hace meses varios municipios vienen reclamando mayor participación en la gestión de seguridad bajo el argumento de que ya sostienen buena parte de la infraestructura preventiva: cámaras de monitoreo, combustible para patrulleros, mantenimiento de móviles y centros de operaciones municipales.
Una discusión que vuelve al centro de la agenda
La iniciativa retoma una experiencia que tuvo su antecedente en 2014, cuando durante la gestión de Daniel Scioli se creó la Policía Local para distritos de más de 70 mil habitantes. Aquella estructura fue luego absorbida y reorganizada bajo la órbita provincial durante la administración de María Eugenia Vidal, perdiendo buena parte de su autonomía inicial.
Ahora, el debate reaparece en un contexto donde la inseguridad volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones en territorio bonaerense.
En la apertura de sesiones legislativas de este año, el gobernador Axel Kicillof había anticipado el envío de una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública. Aunque ese proyecto aún no ingresó formalmente a la Legislatura, el encuentro de Escobar muestra que la discusión comenzó a acelerarse puertas adentro.
Dos caminos legislativos posibles
Dentro del oficialismo se analizan actualmente dos alternativas:
- Modificar la legislación vigente para incorporar un capítulo específico sobre policías municipales.
- Impulsar una ley completamente nueva que redefina la relación entre la Provincia, la Policía Bonaerense y los municipios.
El desafío será construir consensos políticos suficientes para una reforma de alto impacto institucional y presupuestario.
Mientras tanto, el acuerdo preliminar alcanzado entre la administración bonaerense y los intendentes aparece como una señal de acercamiento en un tema históricamente atravesado por diferencias políticas y disputas por el control territorial.
La presencia de dirigentes de distintos espacios, incluido el intendente de San Isidro Ramón Lanús, alineado con sectores opositores, fue leída como una muestra de que el reclamo excede al oficialismo provincial y responde a una demanda transversal entre municipios que buscan herramientas concretas para enfrentar la inseguridad.
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