La medida, oficializada mediante resolución del organismo, forma parte del proceso de reducción de personal en el Estado nacional. El programa estará vigente durante mayo y apunta a una disminución significativa de la planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en marcha un nuevo esquema de retiros voluntarios destinado al personal de planta permanente, en el marco del proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro de la estrategia oficial de reducción del gasto público y rediseño de organismos descentralizados.
La iniciativa estará vigente hasta el 31 de mayo y contempla la posibilidad de adhesión para agentes con al menos tres años de antigüedad dentro del organismo. Según estimaciones oficiales difundidas en las últimas semanas, el objetivo sería alcanzar una reducción cercana al 20% de la planta total, lo que equivaldría a unos 950 trabajadores, aunque otras proyecciones internas elevan esa cifra hasta 1.500 desvinculaciones, cerca de una cuarta parte del personal.
El programa establece una compensación económica extraordinaria calculada en base a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado —o fracción superior a tres meses— computado hasta el 31 de mayo de 2026. El monto será abonado en un único pago dentro de los 30 días posteriores a la desvinculación efectiva.
Sin embargo, el esquema incluye condiciones que generaron cuestionamientos entre sectores sindicales y trabajadores. Entre ellas, se establece que no se computará como antigüedad el tiempo trabajado bajo modalidades previas como becas, contratos temporarios o designaciones transitorias, una definición que impacta directamente en el cálculo final de la indemnización.
Además, quienes adhieran al retiro voluntario no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, independientemente del tipo de contratación o función. La única excepción prevista corresponde a cargos docentes en universidades nacionales.
El régimen excluye a diversas categorías de trabajadores. Quedan fuera del beneficio quienes hayan cumplido 65 años antes del cierre de la convocatoria, aquellos con procesos judiciales o administrativos vinculados a delitos contra la administración pública, empleados con sumarios disciplinarios graves en trámite y quienes hayan iniciado reclamos judiciales contra el Estado por cuestiones laborales, salvo causas vinculadas a riesgos del trabajo.
También quedan excluidos quienes ya iniciaron trámites jubilatorios o presentaron su renuncia con anterioridad.
La implementación de este programa se produce en un contexto de revisión integral de estructuras estatales. Desde el inicio de la actual gestión, el Ejecutivo avanzó con recortes en distintas áreas de la administración pública, incluyendo organismos descentralizados, empresas estatales y entes autárquicos.
En el caso del INTA, la discusión sobre su redimensionamiento se arrastra desde hace meses. El organismo, con presencia territorial en todo el país a través de más de 450 sedes, cumple un rol central en investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica para el sector agropecuario.
La decisión oficial reavivó el debate sobre el futuro de la institución, considerada estratégica para la innovación productiva, especialmente en economías regionales. Mientras desde el Gobierno sostienen que la reestructuración apunta a mejorar eficiencia y racionalizar recursos, distintos sectores advierten sobre el posible impacto operativo y técnico que podría generar una reducción masiva de personal especializado.
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