El fiscal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas en el expediente que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Las cajas están a nombre de Bettina Angeletti.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar clave: la existencia de dos cajas de seguridad registradas a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien ordenó profundizar las averiguaciones en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según fuentes judiciales, las cajas se encuentran en una sucursal del Banco Galicia y habrían sido detectadas durante el análisis patrimonial que se lleva adelante sobre el entorno cercano del funcionario. La pesquisa busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los bienes disponibles, tanto de Adorni como de su círculo familiar directo.
El expediente judicial apunta a reconstruir la evolución económica del jefe de Gabinete desde antes de su ingreso a la función pública hasta la actualidad. En ese contexto, la aparición de estas cajas de seguridad abre nuevas líneas de investigación, ya que podrían contener documentación, dinero u otros activos relevantes para el caso.
El fiscal Pollicita solicitó avanzar con medidas que permitan conocer el contenido de las cajas, así como también establecer el origen de los fondos o bienes que eventualmente se encuentren en su interior. Este tipo de procedimientos suele requerir autorización judicial específica, dada la protección legal que ampara este tipo de depósitos.
En causas de enriquecimiento ilícito, la Justicia suele analizar no solo el patrimonio del funcionario investigado, sino también el de sus familiares más cercanos. Esto responde a la posibilidad de que bienes o activos sean registrados a nombre de terceros para evitar su declaración formal.
En este sentido, la inclusión de Angeletti en la investigación no implica necesariamente una imputación, pero sí la necesidad de examinar su situación patrimonial en relación con la de su esposo. Los investigadores buscan establecer si existe algún tipo de inconsistencia o incremento patrimonial que no pueda justificarse con ingresos lícitos.
El avance sobre las cajas de seguridad podría derivar en nuevas medidas, como peritajes contables, cruces de información bancaria o citaciones a declarar. Todo dependerá de los resultados que arrojen las diligencias en curso.
Mientras tanto, el expediente continúa bajo análisis en los tribunales federales, en una etapa preliminar donde se recopilan pruebas para determinar si corresponde avanzar hacia una instancia formal de imputación.
La causa se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones sobre transparencia y control del patrimonio de funcionarios públicos, un tema que mantiene alta sensibilidad en la agenda política y judicial del país.