Jefes comunales de distintas provincias denuncian recortes y retención de recursos que, aseguran, deberían destinarse a infraestructura vial.
La tensión entre los gobiernos locales y la administración nacional se profundiza a raíz de la disputa por los recursos destinados a infraestructura. Intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios, endurecieron su postura y evalúan denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, si no se restablece el flujo de fondos.
La protesta se hizo visible con una masiva concentración frente a la cartera económica, donde los dirigentes locales reclamaron por la caída de transferencias vinculadas a la coparticipación y por la paralización de obras públicas. Según indicaron, la situación compromete tanto el desarrollo urbano como la seguridad vial.
Uno de los principales puntos del conflicto gira en torno al destino del impuesto a los combustibles. La legislación vigente establece que esos recursos deben nutrir un fideicomiso específico destinado al financiamiento de obras de transporte, con un fuerte enfoque en la red vial.
Sin embargo, desde los municipios aseguran que los fondos no están siendo utilizados conforme a lo estipulado. Argumentan que una parte considerable habría sido redireccionada hacia instrumentos financieros, en lugar de aplicarse a la mejora de rutas y obras de infraestructura.
Los cálculos realizados por especialistas vinculados a la FAM indican que, del total recaudado el año pasado, una porción significativa no llegó a los organismos responsables de ejecutar las obras. Esta diferencia, sostienen, podría constituir un uso indebido de recursos públicos.
En ese marco, los intendentes advierten sobre las consecuencias concretas de esta situación: rutas deterioradas, obras paralizadas y menor capacidad de respuesta ante demandas locales. También remarcan que el freno a la inversión pública impacta en el empleo y la actividad económica.
Frente a este escenario, los jefes comunales dejaron en claro que esperan una convocatoria formal del Gobierno nacional para discutir la situación. De lo contrario, anticiparon que avanzarán con acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley y la restitución de los fondos.
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