Ante la resistencia de aliados y oposición, el Gobierno redefine su estrategia en materia electoral mientras intenta retomar la agenda legislativa en medio de tensiones políticas y proyectos controvertidos.
El debate por la reforma política en el Congreso atraviesa un punto de inflexión. Sin los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo reconoce límites en la Cámara de Diputados y comienza a reconfigurar su estrategia: ahora apunta a una suspensión temporal del mecanismo, replicando el esquema aplicado en elecciones recientes.
La iniciativa original, impulsada desde el Ejecutivo, buscaba suprimir definitivamente las PASO como herramienta de selección de candidaturas. Sin embargo, la negativa de bloques clave —incluidos sectores del radicalismo, el PRO y el peronismo— obligó a recalibrar el plan. En ese contexto, la alternativa de suspenderlas aparece como una opción más viable para reunir consensos.
Desde el oficialismo sostienen que el argumento central se mantiene: reducir costos y simplificar el proceso electoral. No obstante, en la oposición interpretan la propuesta como un intento de debilitar un instrumento que permite ordenar internas partidarias de manera transparente.
Los aliados parlamentarios han dejado en claro que no acompañarán una eliminación total del sistema. Algunos sectores consideran que no es el momento político adecuado para discutir cambios estructurales en el régimen electoral, mientras que otros defienden las PASO como un mecanismo clave para dirimir liderazgos.
En paralelo, otro punto sensible del proyecto es la intención de modificar el financiamiento de la política. Entre las propuestas en análisis figura la eliminación de aportes estatales a campañas y partidos, junto con una eventual flexibilización de los límites a contribuciones privadas. Esta combinación genera fuertes críticas desde distintos espacios, que advierten sobre el riesgo de profundizar desigualdades entre fuerzas políticas y aumentar la influencia de intereses económicos en la competencia electoral.
Más allá de la reforma electoral, el oficialismo busca avanzar con una serie de iniciativas que ya generan controversia. Entre ellas, modificaciones a la legislación sobre discapacidad, con posibles cambios en el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), y una revisión de la normativa de salud mental.
En este último caso, la actual ley —la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657— marcó un cambio de paradigma al reconocer a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho. Las eventuales reformas despiertan preocupación en organizaciones del sector, que temen retrocesos en materia de derechos adquiridos.
También se encuentra en discusión el financiamiento universitario. El Gobierno impulsa una nueva iniciativa que reemplazaría la normativa vigente, con un esquema de actualización presupuestaria más limitado que el aprobado por la oposición. Este punto se da en un contexto de tensión con el sistema universitario y fallos judiciales que exigen cumplir con la ley actual.
Dentro del temario legislativo figura además el llamado proyecto de “Ley Hojarasca”, que propone derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas o restrictivas. El oficialismo confía en obtener media sanción en Diputados en una próxima sesión.
En paralelo, se discute la adhesión de Argentina a un tratado internacional en materia de patentes, un compromiso asumido con Estados Unidos. Sin embargo, el tratamiento se encuentra demorado debido a la presión de laboratorios locales, que buscan mantener protecciones vigentes frente a la competencia extranjera.
El escenario político también está atravesado por el impacto de denuncias y polémicas que involucran a funcionarios del Gobierno. En ese marco, la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el 29 de abril en el Congreso, genera expectativas y tensiones.
Desde el oficialismo anticipan una sesión intensa, aunque relativizan el impacto de las acusaciones. En la oposición, en cambio, no hay una estrategia unificada: mientras algunos sectores planean un cuestionamiento directo al funcionario, otros consideran que el foco debe estar en el informe de gestión.
Las diferencias internas también se reflejan en el tono que podría tener la jornada. Algunos bloques promueven una postura más confrontativa, mientras que otros apuestan a mantener un debate institucional.
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