La Ley 27.801, promulgada mediante el Decreto 138/2026, establece que adolescentes desde los 14 años podrán ser penalmente responsables. Mientras el oficialismo sostiene que la medida busca responder a la demanda social por mayor seguridad, especialistas y sectores de la oposición advierten sobre un giro punitivo y cuestionan la falta de recursos para garantizar políticas de reinserción.
La política criminal del Gobierno sumó un nuevo capítulo con la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil, una reforma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre seguridad, derechos de la niñez y eficacia del sistema penal.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, que reglamenta la Ley 27.801 sancionada recientemente por el Congreso. La norma establece un nuevo marco jurídico para juzgar delitos cometidos por adolescentes y reemplaza el régimen vigente desde 1980.
Desde el oficialismo se presentó la iniciativa como una actualización necesaria de un sistema considerado obsoleto. Sin embargo, la reforma también fue interpretada por críticos y organizaciones especializadas en infancia como parte de un enfoque más punitivo frente a los problemas de inseguridad.
Un debate histórico que vuelve a escena
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en la Argentina. Durante décadas distintos gobiernos impulsaron proyectos para modificar el régimen penal juvenil, aunque sin lograr consenso legislativo.
Esta vez, el proyecto avanzó con rapidez durante las sesiones extraordinarias del Congreso y finalmente fue aprobado en el Senado con 44 votos a favor y 27 en contra, con respaldo de legisladores del oficialismo, sectores de la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.
En el debate parlamentario, la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, defendió la reforma al señalar que el objetivo es fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por menores y priorizar a las víctimas.
Pero desde la oposición y ámbitos académicos se advirtió que la reducción de la edad de imputabilidad podría transformarse en una medida simbólica si no se acompaña con políticas sociales, educativas y de inclusión destinadas a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Qué establece la nueva ley
El régimen aprobado fija que los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser sometidos a procesos penales cuando se los acuse de delitos previstos en el Código Penal.
La normativa contempla un sistema de responsabilidad penal juvenil con procedimientos específicos y una escala de sanciones que incluye desde medidas socioeducativas y programas de reinserción hasta penas privativas de la libertad para los casos más graves.
Entre los principios declarados de la ley se encuentran la protección de los derechos de los menores, la prioridad de las medidas educativas y la aplicación excepcional de la prisión. En delitos de extrema gravedad, como homicidios, las penas podrían llegar hasta los 15 años de cárcel, aunque la legislación prohíbe la prisión perpetua para menores.
Dudas sobre la implementación
Más allá de la sanción legislativa, uno de los puntos que genera mayor interrogante es la aplicación concreta del nuevo sistema.
La ley establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán adecuar sus estructuras judiciales y crear dispositivos especializados para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, el financiamiento previsto desde el Estado nacional es limitado, lo que abre la posibilidad de que la implementación sea desigual entre jurisdicciones.
Especialistas en justicia juvenil también advierten sobre la situación actual de los institutos de menores y del sistema penitenciario, donde las condiciones de infraestructura y los programas de reinserción suelen ser cuestionados por organismos de derechos humanos.
Un giro en la política criminal
La reforma coloca a Argentina en una franja similar a la de varios países de América Latina donde la responsabilidad penal comienza a los 14 años, como Chile, Colombia o Paraguay. En otros países de la región, incluso, el límite se ubica en los 12.
No obstante, distintos estudios criminológicos señalan que la participación de adolescentes en delitos suele representar un porcentaje bajo del total de hechos delictivos, lo que alimenta el debate sobre si la baja de la edad de imputabilidad es una herramienta efectiva para reducir la inseguridad.
En ese contexto, la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve a exponer una tensión persistente en las políticas públicas: la búsqueda de respuestas rápidas frente al delito y la necesidad de abordar las causas sociales que atraviesan a muchos jóvenes en conflicto con la ley.
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