Los servicios municipales trabajan día a día en la recolección y barrido, pero la basura reaparece y genera malestar vecinal, impulsando nuevas estrategias de vigilancia y control.
En los límites territoriales que separan al municipio de Ezeiza del de La Matanza, autoridades de ambos distritos están en alerta por una situación que se ha vuelto recurrente: el surgimiento de microbasurales y la acumulación de residuos en la vía pública. Aunque los equipos de higiene urbana municipales despliegan operativos de manera habitual —incluidos barrido, recolección y retiro de voluminosos— la basura vuelve a saturar algunos sectores tras cada limpieza profunda.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, afirmó que pese al esfuerzo constante de los servicios municipales para mantener limpia la zona de calle Blas Parera, la reaparición de residuos demuestra que “no hay recurso ni servicio que soporte tanto”, en referencia a la magnitud del desafío. Por eso, adelantó que su gestión avanzará en la instalación de dispositivos de videovigilancia y en la construcción de un destacamento policial para mejorar el control territorial y desalentar el arrojo clandestino de basura.
Para muchos vecinos de la región, este problema va más allá de un punto específico: se trata de un síntoma de dificultades más amplias en la gestión de residuos sólidos urbanos en zonas metropolitanas, donde la presión demográfica y la movilidad hacen que algunos espacios públicos se transformen en puntos de depósito irregular. En ese contexto, organismos que administran la gestión de residuos a nivel metropolitano indican que diariamente se gestionan miles de toneladas de residuos generados en múltiples distritos del AMBA, repercutiendo en la logística y el tratamiento final de esos materiales.
Las autoridades municipales insisten en que los operativos de recolección son programados y rutinarios, y que además se realizan acciones específicas de monitoreo y recolección complementaria. Sin embargo, la repetición del problema alimenta el sentimiento de frustración entre quienes habitan los barrios afectados.
La iniciativa de instalar cámaras y consolidar un centro de control responde a la demanda de parte de la comunidad, que espera que estas medidas disuasivas reduzcan la incidencia de arrojo ilegal de residuos en un punto que, según los propios municipios, no solo afecta la estética urbana sino también la salubridad y la convivencia cotidiana entre distritos.