La central obrera descarta un paro y anuncia una marcha a tribunales para respaldar un amparo contra la normativa
La Confederación General del Trabajo (CGT) dio por hecho que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional será finalmente aprobado en el Senado esta semana y diseñó un plan que descarta medidas de fuerza tradicionales como un paro general, concentrándose en un recurso judicial que presentará la próxima semana para impugnar la ley.
El eje de la nueva estrategia gremial fue definido este miércoles en una reunión ampliada de la conducción del sindicato, celebrada en la sede de UPCN en Buenos Aires. Tras ese encuentro, los referentes de la central, encabezados por el cosecretario general Jorge Sola, anunciaron que presentarán ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma, a la que consideran una vulneración de derechos laborales básicos.
La acción judicial buscará impugnar, entre otros aspectos, disposiciones que la CGT entiende que afectan el principio de protección del trabajador protegido por el artículo 14 bis de la Constitución y otros derechos tanto individuales como colectivos. Los equipos jurídicos de la central vienen analizando el texto desde hace semanas y consideran que esos puntos podrían ser declarados inconstitucionales si se lleva el caso a instancias superiores.
Marcha a tribunales y reclamo político
Como parte de esa estrategia, la central obrera convocó a una movilización para el próximo lunes en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales federales en Buenos Aires, para acompañar formalmente la presentación judicial. A diferencia de medidas de fuerza anteriores, la CGT adelantó que no convocará a los afiliados y trabajadores, sino que la movilización estará integrada principalmente por dirigentes y delegados sindicales.
Sola sostuvo que el paro general realizado recientemente dejó una señal política y que repetir la huelga no modificaría el resultado legislativo, por lo que la central optó por apostar a la vía jurídica y a futuras acciones mientras la reforma laboral se implemente y sus efectos se empiecen a sentir en el empleo y las condiciones de trabajo.
Desde la CGT también anticiparon que buscarán hacer pagar el “costo político” a los legisladores, especialmente aquellos vinculados al peronismo, que voten a favor de la nueva normativa.
Tensiones internas y otras protestas
La decisión de no convocar a un nuevo paro reflejó diferencias dentro del movimiento sindical argentino. Sectores más combativos, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por organizaciones como ATE, UOM, aceiteros y los gremios aeronáuticos, ya habían anunciado un paro de 36 horas y una movilización para el viernes coincidiendo con la sesión del Senado en la que se debatirá la reforma.
Esa franja del sindicalismo considera insuficiente la respuesta de la conducción cegetista y apuesta a una resistencia más activa en la calle, con protestas que pretenden replicarse también en distintas provincias.
Contexto legislativo
La reforma laboral que se debate en el Congreso argentino fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora espera el visto bueno del Senado, pese al fuerte rechazo de los sindicatos y de sectores de la oposición. La iniciativa, promovida por el Gobierno con el argumento de modernizar el mercado laboral y atraer inversiones, incluye cambios en salarios, horas de trabajo, mecanismos de despido y negociación colectiva que han generado críticas por considerar que reducen derechos adquiridos.
Con este panorama, la CGT decidió darle un giro a su estrategia de lucha, priorizando el plan judicial y las acciones políticas, mientras otros gremios mantienen la presión social con medidas de fuerza independientes.
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