Los sindicatos docentes de la provincia rechazaron una propuesta salarial considerada insuficiente e impulsan un paro para el 2 de marzo, fecha en la que estaba previsto el comienzo del ciclo lectivo. La falta de acuerdo abre una negociación compleja a pocos días del inicio de clases.
La discusión salarial entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los principales sindicatos docentes escaló y pone en jaque el inicio del ciclo lectivo 2026, que estaba programado para el lunes 2 de marzo. Tras varias reuniones paritarias sin acuerdo, las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ratificaron una medida de fuerza que, de concretarse, retrasaría las clases apenas al inicio o incluso más tiempo si no se reanuda el diálogo.
El conflicto estalló en torno a la última oferta salarial presentada por el gobierno provincial, que propuso un aumento cercano al 3 % para los haberes de febrero. Los sindicatos –entre ellos la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP– la calificaron como insuficiente frente a la inflación acumulada y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes en los últimos años.
Según datos oficiales y análisis de especialistas, los docentes bonaerenses tienen uno de los salarios más bajos entre las grandes jurisdicciones del país y han perdido cerca de 18 % de poder adquisitivo en la última década, lo que profundiza el malestar sectorial. Además del reclamo por una recomposición salarial, las agrupaciones sindicales exigen la restitución de fondos educativos nacionales suspendidos en 2023, como el denominado Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y un refuerzo del presupuesto educativo para la provincia.
La paritaria docente es una de las negociaciones más relevantes de cada año, pues no solo define el salario sino que condiciona el desarrollo normal de las clases. En este caso, la adhesión conjunta de los gremios al paro del 2 de marzo consolidó la medida y convierte al conflicto en uno de los más tensos en la administración educativa local en los últimos años.
Desde la gestión provincial, por su parte, se mantiene la postura de que el calendario escolar no se modificará y que las clases deben comenzar según lo pautado. Fuentes oficiales han señalado que la oferta es «integral y superadora» y que las conversaciones seguirán en los próximos días para intentar evitar el cese de actividades. Además, en ocasiones anteriores se descontaron del salario los días de paro para docentes que no concurrieron a dar clases, aunque la efectividad de esa estrategia depende de cómo evolucione el conflicto.
Más allá de la discusión puntual por el porcentaje de aumento, este episodio pone a la vista una problemática estructural: la necesidad de consolidar un financiamiento educativo que permita actualizaciones salariales acordes con la inflación y sostener un sistema escolar que involucra a millones de estudiantes y cientos de miles de docentes.
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