La medida convocada por la CGT alcanzó una adhesión masiva en todo el país y sumó movilizaciones frente al Congreso. La central obrera aseguró que el plan de lucha continuará si el proyecto avanza en el Parlamento y cuestionó tanto al Gobierno como a sectores del peronismo.
En una jornada que volvió a tensionar el escenario político y social, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó un paro general en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según estimaciones sindicales, el nivel de adhesión rondó el 90 por ciento, con fuerte impacto en el transporte, la industria, los servicios y la administración pública.
La huelga, que comenzó antes de la medianoche, se hizo visible desde las primeras horas del día con estaciones de tren vacías, colectivos fuera de circulación y fábricas paralizadas. En paralelo, organizaciones sindicales y sociales se concentraron frente al Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía los cambios al régimen laboral.
Un rechazo que atraviesa sectores
La central obrera sostuvo que la iniciativa oficial implica una regresión en materia de derechos individuales y colectivos, al modificar aspectos vinculados a indemnizaciones, aportes patronales y modalidades de contratación. “No estamos dispuestos a resignar conquistas históricas”, señalaron desde la conducción cegetista al evaluar el alcance de la medida.
El Frente Sindical Unido (FreSU), espacio que agrupa a gremios industriales y de servicios, decidió además movilizar hacia el Palacio Legislativo. Entre los dirigentes que se pronunciaron públicamente estuvo el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien consideró que, si el proyecto vuelve al Senado con modificaciones, debería profundizarse el plan de acción con una huelga de mayor duración y movilización incluida.
Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina también acompañaron la protesta, reforzando la imagen de unidad sindical frente al paquete de reformas.
Transporte y presión oficial
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la adhesión de los gremios del transporte. Pese a las advertencias del Ejecutivo respecto de posibles sanciones en el marco de conciliaciones obligatorias vigentes por conflictos salariales, tanto la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como La Fraternidad se sumaron al paro general. Desde los sindicatos argumentaron que la convocatoria no estaba vinculada a sus discusiones paritarias, sino a un rechazo político al contenido de la reforma.
La paralización del transporte urbano e interurbano resultó determinante para el alto nivel de acatamiento. En varias provincias, además, se replicaron marchas y actos en plazas centrales, lo que amplificó el alcance de la protesta.
Contexto económico y clima social
El paro se inscribe en un escenario de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. En las últimas semanas, el cierre de la planta de neumáticos Fate —con más de 900 despidos— generó preocupación en el sector industrial y fue mencionado por los dirigentes como ejemplo del impacto que atraviesa el entramado productivo.
Desde la CGT señalaron que la convocatoria respondió a la falta de instancias de diálogo con el Gobierno y al avance de medidas que, a su entender, debilitan el sistema de protección social y previsional. En contraposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la huelga y sostuvo que genera pérdidas económicas significativas, además de afectar la libertad de quienes desean trabajar.
La central obrera replicó que el proyecto en debate incluye modificaciones en aportes y contribuciones que, según su visión, podrían desfinanciar el sistema previsional y trasladar recursos hacia el sector financiero.
Tensiones con gobernadores
El conflicto también dejó al descubierto diferencias con sectores del peronismo. Dirigentes sindicales expresaron malestar con mandatarios provinciales cuyos legisladores acompañaron el tratamiento de la reforma. Entre los señalados estuvieron Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora, aunque las críticas se formularon sin menciones directas durante la conferencia sindical.
En ese marco, referentes gremiales remarcaron que el movimiento obrero buscará tener un rol activo en la construcción de una alternativa política que represente los intereses de los trabajadores.
Debate abierto
Al cierre de la jornada, el proyecto continuaba en discusión en la Cámara baja, mientras en las inmediaciones del Congreso se mantenía un importante despliegue de seguridad. La posibilidad de nuevas medidas de fuerza quedó sobre la mesa si la iniciativa prospera en el trámite parlamentario.
Con un país atravesado por la incertidumbre económica y un clima político cada vez más polarizado, el paro nacional dejó en evidencia que el debate sobre la reforma laboral no solo se dirime en el recinto legislativo, sino también en las calles y en la capacidad de articulación del movimiento sindical frente a las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo.
Autor
