Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra Luis Caputo por la continuidad de la metodología vigente para medir la inflación y por la difusión anticipada de datos oficiales. El conflicto se produce luego de la renuncia de Marco Lavagna y en medio de la polémica por el cálculo del IPC.
La disputa política y técnica en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC) sumó un nuevo capítulo con la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsada por legisladores del bloque Unión por la Patria. El planteo judicial cuestiona decisiones vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), especialmente la postergación de la actualización metodológica prevista para la medición de la inflación.
La acción fue presentada por los diputados Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada, quienes atribuyen al funcionario presuntas irregularidades vinculadas a la continuidad del esquema de cálculo anterior del IPC, pese a que el organismo estadístico había avanzado en la implementación de una nueva metodología que debía comenzar a aplicarse en enero de 2026. Según la denuncia, esa decisión podría configurar delitos como violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento del secreto estadístico y falsificación de documentos públicos.
El trasfondo: cambio metodológico y renuncia en el organismo
El conflicto se originó tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, ocurrida en un contexto de diferencias internas respecto del momento adecuado para modificar la forma de medición de la inflación. La actualización contemplaba cambios en la composición de la canasta y en los ponderadores del índice, basados en encuestas de hogares más recientes, con el objetivo de reflejar mejor los hábitos actuales de consumo.
Sin embargo, el Gobierno resolvió postergar la aplicación del nuevo esquema. Desde el Ministerio de Economía se argumentó que introducir un cambio metodológico en medio del proceso de desaceleración inflacionaria podía afectar la comparabilidad de los datos y generar interpretaciones erróneas sobre la evolución de los precios.
El primer dato de inflación posterior a la renuncia del exdirector del organismo —correspondiente a enero de 2026— se difundió con la metodología vigente y marcó un incremento del 2,9%, cifra que se ubicó en línea con las estimaciones previas del mercado.
Los puntos centrales de la denuncia
Según el escrito presentado ante la Justicia, uno de los ejes del planteo radica en las declaraciones públicas del ministro, quien habría adelantado información vinculada al IPC antes de su publicación oficial. Los denunciantes sostienen que esos datos forman parte de procesos técnicos protegidos por el secreto estadístico y que su difusión anticipada vulneraría la normativa que regula el sistema estadístico nacional.
La presentación también cuestiona que el funcionario haya reconocido públicamente diferencias entre los resultados que arrojaba el índice vigente y el que estaba previsto implementar, lo que, según los legisladores, implica una intervención política indebida en la producción de estadísticas oficiales.
Además, la denuncia señala que la decisión de mantener el cálculo anterior habría contradicho la planificación técnica del organismo y recomendaciones internacionales orientadas a actualizar periódicamente las metodologías de medición para evitar distorsiones en los indicadores económicos.
Impacto político y económico del IPC
El debate excede el plano judicial y se proyecta sobre la discusión económica. El IPC es considerado uno de los indicadores centrales para el análisis de la economía argentina, ya que incide en la medición de la pobreza, la evolución del poder adquisitivo, la actualización de jubilaciones y las negociaciones salariales.
En ese contexto, desde el bloque opositor sostienen que cualquier alteración en la metodología o en la difusión de los datos puede tener consecuencias sociales y económicas relevantes. Por su parte, el oficialismo argumenta que la prioridad es sostener la coherencia estadística durante el proceso de desaceleración inflacionaria.
La causa quedó radicada en la Justicia federal y se inscribe en un escenario de fuerte tensión política alrededor de la credibilidad de las estadísticas públicas, un tema históricamente sensible en la Argentina y que vuelve a ocupar el centro del debate tras la salida del titular del organismo estadístico y la decisión de postergar la reforma del índice inflacionario.
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