Un decreto publicado en el Boletín Oficial dispuso que la Procuración del Tesoro deje de actuar como querellante en la investigación por el megacrédito tomado en 2018. La medida vuelve a poner en el centro del debate judicial y político la causa contra el ex presidente Mauricio Macri por presunta defraudación contra la administración pública.
La publicación de un decreto del Poder Ejecutivo que ordena retirar al Estado nacional como querellante en la causa judicial vinculada al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 volvió a colocar en agenda la situación judicial del ex presidente Mauricio Macri y el alcance de la investigación conocida como la causa del “megacrédito”.
La decisión fue oficializada a través del Decreto 87/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, mediante el cual se instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante en la causa N.º 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El organismo estatal había sido incorporado como parte acusadora en 2021, con el objetivo de representar al Estado nacional y promover la acción penal para determinar eventuales responsabilidades por el acuerdo firmado con el FMI durante la gestión de Cambiemos.
La causa de Mauricio Macri por el préstamo del FMI
El expediente judicial investiga las circunstancias en las que se negoció y ejecutó el acuerdo stand-by firmado en junio de 2018, considerado el mayor préstamo otorgado por el organismo internacional tanto para la Argentina como en la historia del propio Fondo.
Las denuncias que dieron origen a la causa sostienen que el endeudamiento se habría concretado sin cumplir con determinados procedimientos administrativos y controles previstos por la normativa vigente, lo que podría configurar delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y administración fraudulenta.
Según los planteos judiciales, una de las hipótesis investigadas es que el financiamiento externo no habría seguido los pasos formales requeridos —entre ellos, dictámenes técnicos y análisis de impacto— y que parte de los fondos se habría destinado al pago de deuda previa o a sostener la estabilidad financiera en un contexto de salida de capitales.
En la causa están involucrados, además del ex mandatario, ex funcionarios de su gabinete económico y autoridades del Banco Central de ese período.
El contexto del decreto y la situación procesal
El Gobierno nacional justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones entre organismos estatales y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la investigación penal.
La decisión se conoció luego de que el juzgado interviniente dispusiera el archivo del expediente, resolución que fue apelada por el fiscal federal Franco Picardi, quien consideró prematura la clausura de la investigación y solicitó nuevas medidas de prueba. El futuro del caso quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá definir si el proceso continúa o queda definitivamente cerrado.
Con la salida de la Procuración del Tesoro, el fiscal queda como principal impulsor de la acción penal en una causa que, desde su inicio, combinó debates técnicos sobre política económica con cuestionamientos jurídicos acerca del proceso de endeudamiento.
El origen del megacrédito y las controversias posteriores
El acuerdo con el FMI fue anunciado en mayo de 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri como parte de una estrategia destinada a estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados frente a una creciente crisis cambiaria. Semanas después se firmó el entendimiento que habilitó desembolsos por decenas de miles de millones de dólares.
Sin embargo, informes posteriores de organismos de control y distintas presentaciones judiciales señalaron presuntas irregularidades administrativas, cuestionaron la ausencia de determinados controles técnicos y sostuvieron que la operación incrementó la vulnerabilidad financiera del país, argumentos que nutrieron las denuncias penales que dieron origen al expediente.
Un caso con impacto político y judicial
La decisión del Ejecutivo de retirar al Estado como querellante reavivó la discusión política sobre la causa de Mauricio Macri, en un escenario donde el debate sobre la deuda con el FMI continúa siendo uno de los ejes centrales de la discusión económica argentina.
Mientras el proceso judicial sigue abierto a revisión en instancias superiores, el decreto volvió a instalar interrogantes sobre el rol del Estado en causas penales vinculadas a decisiones de política económica y sobre los límites entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
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