El tribunal consideró que no existe urgencia para frenar la medida adoptada por el Ejecutivo nacional y pidió definiciones sobre la competencia judicial y la legitimación para actuar en la causa.
El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del Gobierno de Tierra del Fuego para que se dictara una medida cautelar urgente destinada a suspender la intervención del puerto de Ushuaia, dispuesta recientemente por el Poder Ejecutivo nacional. En su resolución, el tribunal sostuvo que no se verifican razones suficientes que justifiquen habilitar la feria judicial para tratar el planteo.
La decisión judicial se conoció luego de que, la semana pasada, el Gobierno nacional ordenara la intervención administrativa del puerto fueguino por un período de 12 meses mediante la Resolución 4/2026. Desde la Casa Rosada se argumentó la existencia de presuntas irregularidades financieras y deficiencias en la infraestructura portuaria como fundamento de la medida.
El gobernador Gustavo Melella expresó su rechazo a la intervención y avanzó con una presentación judicial para impugnarla. En paralelo, inició gestiones para recabar apoyos políticos y gremiales dentro de la provincia. Tras mantener una reunión con sindicatos del sector portuario, el mandatario provincial afirmó que la decisión del Ejecutivo nacional “afecta la autonomía de Tierra del Fuego y compromete la administración de un puerto estratégico”.
Sin embargo, el Juzgado Federal consideró que no se configura una situación de urgencia que amerite un tratamiento inmediato de la resolución firmada por el presidente Javier Milei. Además, solicitó que la fiscalía se expida sobre si ese juzgado es competente para intervenir en el conflicto planteado entre el Estado nacional y la administración provincial.
En el mismo sentido, el tribunal requirió que se determine si el gobernador se encuentra habilitado para presentarse como parte actora en la causa, dado que, según la normativa vigente, esa representación podría corresponder a la Fiscalía de Estado de la provincia. También se indicó al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que regularice su matrícula federal para poder actuar formalmente ante la Justicia Federal.
Fossatto ratificó la denuncia presentada por el gobierno fueguino y sostuvo que la intervención implica una violación del convenio mediante el cual la Nación transfirió la administración del puerto a la provincia. Asimismo, cuestionó la falta de información y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos desde que se implementó la medida.
Por su parte, Melella reiteró que la provincia continuará avanzando tanto en el plano judicial como en el político. “Estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para defender la gestión provincial de un puerto clave, la autonomía de Tierra del Fuego y las fuentes laborales de quienes garantizan su funcionamiento cotidiano”, afirmó.
La intervención del puerto generó preocupación en distintos sectores, no solo por sus implicancias institucionales y económicas, sino también por el contexto geopolítico. En ese marco, se mencionó el alineamiento del Gobierno nacional con Estados Unidos, la reciente llegada de una aeronave norteamericana a territorio fueguino y las reiteradas visitas de autoridades del Comando Sur, en medio de versiones sobre un eventual interés en instalar una base militar con proyección sobre el Canal de Beagle.
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