Controles policiales masivos, discursos xenófobos y anuncios de una nueva agencia estatal configuran una estrategia que reproduce el modelo estadounidense de persecución migratoria, con escasos resultados reales y alto impacto simbólico.
Los recientes operativos de fuerzas federales en barrios populares del conurbano bonaerense expusieron con claridad la orientación de la política migratoria del gobierno libertario. Bajo el argumento de combatir la inseguridad, el Ministerio de Seguridad desplegó acciones que buscan emular el accionar del Servicio de Control de Inmigración estadounidense, una fuerza cuestionada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y prácticas racistas.
Uno de esos procedimientos tuvo lugar en Villa Celina, donde cientos de personas fueron demoradas e identificadas mediante tecnología biométrica y consultas en bases de datos oficiales. El despliegue fue presentado como un golpe contra la migración irregular, aunque los resultados concretos contrastaron con el relato oficial: de cientos de personas controladas, solo un puñado se encontraba en situación administrativa irregular, y ninguna fue deportada.
A pesar de ello, la comunicación gubernamental insistió en mostrar el operativo como un éxito, reforzando una lógica de espectáculo punitivo que prioriza la imagen antes que la eficacia. El mensaje fue claro: la migración es tratada como un problema de seguridad y no como una cuestión social o humanitaria.
En paralelo, voces cercanas al oficialismo profundizaron el discurso de odio. Iñaki Gutiérrez, exresponsable de redes oficiales, volvió a ocupar un rol central al difundir mensajes que asocian migración, pobreza y criminalidad. Sus declaraciones no solo replican estereotipos raciales, sino que también reproducen el libreto utilizado por sectores de ultraderecha en Estados Unidos para justificar redadas y deportaciones masivas.
La historia reciente demuestra que este tipo de enfoques no es nuevo en la Argentina. Desde la Ley de Residencia de principios del siglo XX hasta episodios más cercanos como la represión en el Parque Indoamericano, la xenofobia reaparece cíclicamente en contextos de crisis. La diferencia actual radica en la importación directa del modelo estadounidense, tanto en la forma como en el discurso.
El proyecto de creación de una Agencia de Seguridad Migratoria confirma esa dirección. Pensada como un organismo dedicado exclusivamente a incrementar deportaciones, dependerá del área de Seguridad y no de Interior, consolidando una mirada represiva sobre la población migrante. Aunque aún no cuenta con presupuesto propio ni estructura definida, su anuncio funciona como señal política.
Así, entre operativos sobredimensionados, estadísticas manipuladas y mensajes racistas, el gobierno avanza en una estrategia que copia la “caza de migrantes” de Estados Unidos, sin resolver problemas reales y profundizando la discriminación. El resultado, hasta ahora, parece ser más propaganda que política pública, y más exclusión que seguridad.
Autor
